YPF Gas denuncia 120 depósitos clandestinos de garrafas en Tucumán tras explosión en Famaillá

La empresa YPF Gas lanzó una grave advertencia sobre la seguridad en la provincia tras el incendio del 16 de enero en Famaillá. Su presidente, Pablo Daniel Barzola, afirmó que existen más de 120 depósitos ilegales de garrafas en Tucumán, lo que constituye “un peligro latente para toda la comunidad”. El directivo fue contundente al señalar que el siniestro “no fue un accidente”, sino la consecuencia directa de la falta de controles.

Barzola explicó que el panorama legal en la provincia es alarmantemente reducido. Frente a la vasta red de operaciones clandestinas, solo hay 6 depósitos y 5 plantas fraccionadoras habilitadas oficialmente por la Secretaría de Energía de la Nación. Esta desproporción, según la empresa, genera un riesgo extremo y una competencia desleal para los actores formales.

El límite que define la ilegalidad

El titular de YPF Gas fue claro al establecer el parámetro que separa una actividad comercial regular de una infracción. Afirmó que todo comercio, casa o depósito que almacene más de 100 garrafas está operando fuera de la ley. Este crecimiento de la informalidad, advirtió, se sustenta en la desinformación y en la ausencia de control por parte de las autoridades en todos los niveles.

Barzola remarcó que los envases de Gas Licuado son seguros cuando se manipulan correctamente. El problema, insistió, radica exclusivamente en la clandestinidad y el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas. Los distribuidores habilitados operan bajo estrictos estándares, con auditorías que certifican el estado de las instalaciones y los sistemas de prevención de accidentes, todo bajo la inspección continua de la autoridad de aplicación.

Un llamado a la acción y la responsabilidad

Desde la empresa indicaron que, a través de CADIGAS (Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado), están trabajando activamente para detectar estos depósitos ilegales. El objetivo es realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades municipales y la Secretaría de Energía de la Nación para que actúen.

El directivo sostuvo que estos depósitos operan “con la complicidad de proveedores” y representan una grave amenaza. Hizo un llamado para que el suceso de Famaillá sirva como punto de inflexión. “El objetivo es que este suceso sirva para que proveedores y autoridades tomen conciencia del alto riesgo que implica para la población este flagelo de la clandestinidad, que lamentablemente está creciendo día a día”, concluyó Barzola.