Victoria Villarruel convoca a jefes de bloque: la sesión clave que definirá la ley Hojarasca y la reforma electoral

La vicepresidenta Victoria Villarruel reunirá este miércoles a los presidentes de bloque del Senado para cerrar la agenda de la sesión del jueves 16 de julio. Mientras tanto, el oficialismo espera la reunión de la mesa política para ultimar los proyectos que buscará impulsar en el Congreso.

¿Qué proyectos prioriza La Libertad Avanza?

Entre las iniciativas que el oficialismo quiere aprobar en la próxima sesión se destacan el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la llamada ley Hojarasca, que propone derogar unas 70 normas consideradas obsoletas. Ambas fueron redactadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sufrirá cambios respecto a la versión original, que eliminaba todas las restricciones para que empresarios extranjeros compraran tierras rurales. El nuevo texto incluye modificaciones en la ley de tierras, desalojos, expropiaciones y la ley de manejo del fuego.

Además, el Senado tratará los pliegos ya dictaminados por la Comisión de Acuerdos para nombramientos en la Cancillería y el Poder Judicial. Uno de ellos es la extensión por cinco años del mandato del camarista laboral Víctor Pesino, que necesita el aval de la Cámara alta antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.

La reforma electoral: el nudo de la negociación

La reforma electoral sigue siendo uno de los ejes de la Casa Rosada y concentra las conversaciones con la oposición dialoguista y los gobernadores. Las gestiones están a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, la senadora Bullrich y el presidente de Diputados, Martín Menem.

Por ahora, la iniciativa no reúne los consensos ni las mayorías absolutas que exige la Constitución. El proyecto contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y la implementación de la Ficha Limpia para candidatos.

En ese marco, La Libertad Avanza impulsa una propuesta que habilitaría las listas colectoras para la elección nacional. La idea es suspender nuevamente las PASO —como piden sectores del radicalismo y el PRO— y modificar la ley de Boleta Única de Papel para permitir ese esquema. Así, cada fuerza podría presentar distintos candidatos al Congreso, pero uno solo a presidente.

Los proyectos económicos en la mira

Otro tema clave es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, un pedido que el presidente Javier Milei les hizo a los legisladores libertarios la semana pasada. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la iniciativa la elabora desde hace más de cuatro meses el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y que aún no está redactada por completo.

Caputo adelantó que “el proyecto incluirá como punto prioritario que no podrá haber más financiamiento del Banco Central al Tesoro”.

El ministro también espera que el Congreso apruebe el super-RIGI, que ya tiene media sanción de Diputados y está en el Senado. “Es beneficioso para las provincias. Nuestro Gobierno es muy federal y todos los gobernadores, realmente, en su mayoría están viendo y recibiendo esos beneficios”, afirmó. Y agregó: “Será importante para cada argentino, ya que son industrias que no están desarrolladas en el país, aun cobrando una tasa menor y eso genera el incentivo a que vengan y para el país es mayor empleo, y mayor recaudación. Es algo óptimo”.

La polémica por la Ley de Inocencia Fiscal

El Ejecutivo también enviará al Congreso una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. Caputo aseguró que “ya lo han aprobado, ahora enviamos una versión mejorada” y explicó que busca incorporar al circuito económico los ahorros que están fuera del sistema bancario. “Son los dólares que están debajo del colchón. Los bancos podrían financiar proyectos de infraestructura o Pymes. Los números que maneja el BCRA son casi 170 mil millones de dólares debajo de los colchones”, sostuvo.

En la vereda opuesta, el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto para excluir a funcionarios públicos y personas políticamente expuestas de ese régimen. “Los funcionarios públicos no pueden beneficiarse de la Ley de Inocencia Fiscal. Quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”, afirmó.