Victoria histórica en Nueva York: El fallo que despeja una amenaza multimillonaria sobre la Argentina

La Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió una condena que obligaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF, salvando al Estado de un riesgo financiero colosal y despejando el camino para Vaca Muerta. Este fallo de segunda instancia, emitido recientemente, marca un punto de inflexión tras la sentencia inicial de la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que ponía al país al borde del desacato judicial.

La decisión judicial representa un alivio inmediato para las arcas públicas, evitando un desembolso equivalente a aproximadamente cuatro años de retenciones al campo. Los demandantes, financiados por Burford Capital, habían buscado activamente presionar al Estado argentino, intentando incluso embargar activos clave como las acciones de YPF, el oro de las reservas del Banco Central, satélites de Arsat, aviones de Aerolíneas Argentinas y centrales energéticas de Enarsa.

¿Qué significa para la deuda y la economía?

Con esta sentencia, la Argentina elimina un obstáculo significativo para emitir deuda en dólares en el exterior, reduciendo el riesgo de bloqueos y potencialmente bajando los costos de financiamiento. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei ven así fortalecida su posición en los mercados internacionales, donde la presión de Burford Capital se centraba en las emisiones de deuda.

La petrolera YPF también sale fortalecida, ya que el fallo ratifica que la empresa no estaba directamente involucrada en el juicio. Esto protege sus activos, incluyendo campos petroleros, ductos, refinerías y estaciones de servicio, de cualquier posible embargo judicial.

Impacto en Vaca Muerta y la política

El desarrollo de Vaca Muerta, clave para la producción de shale oil y gas, se ve beneficiado al reducirse el ruido y el riesgo país asociados al litigio. Si el costo de financiamiento baja, se espera una aceleración en las inversiones para infraestructura y producción.

Pese a las diferencias ideológicas entre figuras como Cristina Kirchner, Axel Kicillof –quien lideró la estatización–, Mauricio Macri y Javier Milei, hubo una consistente “política de Estado jurídica”. Desde la expropiación de YPF en 2012, aprobada por mayoría en el Congreso, Argentina defendió que su derecho local prevalece sobre el estatuto de la petrolera, argumento que finalmente triunfó en los tribunales de Nueva York.

Por la expropiación, Argentina ya había pagado 5.000 millones de dólares a Repsol como capital, más intereses y los costos de este juicio. Este fallo cierra un capítulo legal prolongado, reforzando la postura institucional del país en disputas internacionales.