Una turista argentina sufre un accidente en México y la asistencia contratada no responde: ¿quién asume la responsabilidad?

Una vecina de San Miguel de Tucumán de 74 años enfrenta una grave crisis de salud lejos de su hogar, mientras las empresas que debían protegerla guardan silencio. Brenda Alicia Larrosa Fabeiro permanece internada en un hospital público de México con una doble fractura de fémur, tras un accidente durante un viaje turístico en Playa del Carmen. Su esposo denunció que la asistencia al viajero contratada no respondió ante la emergencia, lo que motivó la intervención de la Dirección de Comercio Interior (DCI) de Tucumán.

El organismo provincial inició actuaciones bajo la Ley de Defensa del Consumidor y advirtió que, de confirmarse el abandono, las sanciones contra las empresas podrían superar los 100 millones de pesos. El titular del área, Manuel Canto, aseguró que no permitirán que ningún tucumano quede desamparado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El incidente sucedió en la habitación del hotel, cuando Larrosa Fabeiro sufrió un resbalón en la bañera que derivó en la grave lesión. La situación requirió una cirugía urgente, dejando a la paciente en una posición vulnerable a miles de kilómetros de su hogar. La incertidumbre emocional se suma a los desafíos médicos que enfrenta.

¿Qué acciones se están tomando?

Desde el momento del accidente, su esposo, Pedro José Larrosa, inició gestiones para obtener respuestas de las firmas responsables del servicio contratado. Denunció una situación de desprotección que ha complicado aún más la recuperación de su pareja. Mientras tanto, la paciente recibe atención y contención del personal del hospital público mexicano.

El personal médico continúa brindando asistencia a la espera de definiciones sobre la responsabilidad empresarial. La investigación administrativa avanza para determinar si las empresas Nubi Viajes e Intermac Assistance cumplieron con sus obligaciones contractuales.

La Dirección de Comercio Interior de Tucumán monitorea de cerca el caso, asegurando que se respeten los derechos de la consumidora. Las posibles sanciones económicas reflejan la gravedad con la que se trata el presunto incumplimiento.