Una sesión maratónica definió el futuro de los recursos hídricos en zonas cordilleranas

Tras más de once horas de debate y votaciones ajustadas, el Congreso nacional dio luz verde a una modificación legal que redefine el control sobre áreas glaciares y periglaciares. La presencia de figuras clave del oficialismo marcó el peso político de una iniciativa que busca facilitar inversiones en sectores estratégicos, generando reacciones encontradas entre legisladores y ambientalistas.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares poco antes de las 02:30 de la madrugada, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La sesión estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, mientras movilizaciones ambientalistas se desarrollaban frente al Congreso y en distintas provincias.

La presencia en el recinto de Karina Milei fue interpretada como una señal del peso estratégico que el Ejecutivo le asignó a esta aprobación. El proyecto es considerado clave dentro del esquema de inversiones promovido por el Gobierno nacional.

¿Qué implica la nueva normativa?

La modificación introduce cambios fundamentales en el esquema de control sobre los recursos hídricos asociados a glaciares y ambientes periglaciares. Habilitará una mayor participación de las provincias en la administración y regulación de esas áreas, redefiniendo criterios de intervención sobre zonas periglaciares.

Entre los objetivos declarados del nuevo marco legal se encuentran reforzar el rol provincial en la gestión de recursos hídricos vinculados a zonas glaciares y facilitar el desarrollo de proyectos productivos —especialmente mineros y energéticos— en regiones cordilleranas. La normativa también busca articularse con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

¿Qué dicen los defensores y críticos?

Desde el oficialismo sostienen que la reforma no elimina la protección de los glaciares, sino que ordena competencias entre Nación y provincias y genera condiciones para atraer inversiones en sectores estratégicos. Argumentan que se trata de una actualización necesaria para el desarrollo productivo del país.

La oposición y organizaciones ambientalistas, en cambio, advierten que los cambios podrían reducir restricciones existentes sobre actividades extractivas en zonas sensibles y afectar reservas de agua dulce consideradas estratégicas. Temen que la mayor autonomía provincial pueda llevar a estándares de protección menos rigurosos.

Con la aprobación en Diputados, la reforma quedó formalmente sancionada y pasa a integrar el nuevo marco legal vigente sobre protección y uso de áreas glaciares en la Argentina. La implementación de estos cambios ahora dependerá de cómo las provincias ejerzan sus nuevas facultades y cómo se articule la normativa con proyectos de inversión concretos.