Una ley que podría cambiar todo: el polémico proyecto que busca endurecer las penas y genera una fuerte advertencia

Un proyecto de ley impulsado por la jefa libertaria Patricia Bullrich y la radical Carolina Losada busca agravar las penas por denuncias falsas, con agravantes específicos para casos de violencia de género, menores de edad o integridad sexual, lo que ha desatado una fuerte polémica y advertencias de organizaciones de género. La iniciativa, que ya tuvo avances el año pasado pero no se votó, ahora se reflota en el Senado con un debate que debe empezar de cero tras la renovación de la Cámara.

El bloque de la UCR ha pedido incluir el tema en la lista de asuntos a tratar, y se espera que “la semana que viene o la otra seguramente habrá comisión”, según confirmaron fuentes. Además, el martes 7 de abril, Losada realizará un evento en el Senado con víctimas de falsas denuncias que resultaron absueltas y familiares de denunciados que se suicidaron, lo que añade un componente emocional al debate.

¿Qué propone exactamente el proyecto?

Actualmente, el Código Penal establece una pena de prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad. Losada propone aumentar esto a prisión de uno a tres años al denunciar falsamente a una persona, ya sea determinada o indeterminada, de un delito.

Sin embargo, la parte más controvertida es que si la falsa denuncia se realiza en el contexto de delitos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena se elevaría a prisión de tres a seis años. Esto representa un agravante significativo que ha generado preocupación entre grupos defensores de derechos.

¿Cómo afecta esto al falso testimonio?

El proyecto también modifica las penas por falso testimonio. Mientras el Código actual especifica prisión de un mes a cuatro años, y de uno a diez años en causas criminales en perjuicio del inculpado, Losada plantea que el falso testimonio será penado de uno a cuatro años, y en una causa penal, de dos a seis años.

Además, en una “causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión”. Losada fundamenta esto señalando que las falsas denuncias por abuso sexual pueden generar graves consecuencias para el denunciado, como pérdida de contacto con hijos, riesgo laboral y estigmas sociales.

¿Por qué las organizaciones de género están en alerta?

El texto ha despertado polémicas debido a que agrava penas específicamente en casos de violencia de género, menores o integridad sexual. La Red de Abogadas Feministas ha advertido que “este tipo de medidas supone una forma de revictimizar a las mujeres en situación de violencia. Contribuye a deslegitimar y ridiculizar sus demandas, desalentando futuras denuncias de personas en situación de vulnerabilidad por temor a la sanción penal”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) apuntó el año pasado que, en vez de facilitar las denuncias, el oficialismo “ha optado por negar la existencia de estos delitos, y culpabilizar a las propias personas denunciantes amenazando con duplicar la condena penal hasta 6 años para quienes incurran en ‘falsas denuncias'”. Critican que se establece una “doble vara”, ya que solo se incrementa el castigo en temas de género y abusos en las infancias, lo que, según ellos, carga punitivamente sobre las mujeres.

¿Qué dicen las estadísticas?

Según ONU Mujeres (2024), las denuncias falsas representan menos del 1% a nivel global. En Argentina, no hay números oficiales, pero datos del Consejo de la Magistratura indican que del total de denuncias penales, alrededor del 3% son falsas. Esto añade un contexto numérico al debate sobre la necesidad y el impacto potencial de la ley.

Con el evento planeado para el 7 de abril y las próximas discusiones en comisión, el proyecto promete seguir generando controversia y atención pública, mientras se evalúan sus implicaciones para la justicia y los derechos de las víctimas.