Una investigación millonaria sobre municipios quedó en la nada: el hallazgo que sorprendió a la justicia

Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de municipios tucumanos, que había generado fuerte impacto político, fue desestimada y archivada por la justicia federal al no encontrar delito. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez concluyeron que los hechos denunciados carecían de entidad penal, aunque advirtieron sobre prácticas administrativas cuestionables.

La causa se había iniciado a fines de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El organismo antilavado había alertado sobre movimientos financieros considerados inusuales en distintos municipios del norte argentino, incluyendo Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros, Alberdi y Lules de Tucumán.

El foco de la investigación estaba puesto en la reiteración de extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad de baja trazabilidad. También se sospechaba una posible vinculación de esos fondos con el financiamiento de campañas electorales.

¿Qué descubrió la investigación del fiscal?

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz llevó adelante una serie de medidas de prueba para reconstruir el circuito del dinero. Requirió informes bancarios, analizó ejecuciones presupuestarias, tomó declaraciones testimoniales y examinó la evolución patrimonial de los funcionarios involucrados.

El resultado fue determinante: en su dictamen, el representante del Ministerio Público sostuvo que las operaciones observadas “fueron autorizadas por la entidad bancaria” y se realizaron dentro de circuitos administrativos formales. Subrayó que la emisión de cheques al portador es una operatoria “normativamente permitida”.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la hipótesis de financiamiento político irregular. Sobre este aspecto, el fiscal fue categórico: no se logró acreditar que los fondos retirados hubieran sido destinados a campañas electorales ni se detectaron transferencias hacia estructuras partidarias.

¿Por qué no hubo cargos contra nadie?

El examen patrimonial de los funcionarios tampoco arrojó inconsistencias relevantes respecto de los ingresos declarados. Esto debilitó aún más la sospecha de delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

Vehils Ruiz concluyó que los hechos denunciados “no revisten entidad suficiente para habilitar la formulación de cargos”. Encuadró el caso en el supuesto previsto por el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, que habilita la desestimación cuando los hechos no constituyen delito.

No obstante, el fiscal introdujo una advertencia relevante desde el plano institucional. Señaló que, si bien no se configuraban ilícitos penales, del análisis surgían prácticas administrativas que podían calificarse como “displicentes” o como una “arbitraria disposición de fondos públicos”. Esa valoración quedó circunscripta al ámbito administrativo y no al penal.

¿Cómo terminó el caso en los tribunales?

Con el dictamen fiscal en sus manos, el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez resolvió archivar el expediente. El magistrado hizo hincapié en un principio estructural del sistema acusatorio: la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal.

El juez aclaró por qué no correspondía dictar un sobreseimiento, sino un archivo. La diferencia radica en que no existían imputados en la causa: se trataba de una denuncia para investigar hechos, sin que se hubiera formalizado acusación contra persona alguna.

Como excepción, y a partir de una recomendación del fiscal, Díaz Martínez dispuso remitir las actuaciones vinculadas al municipio de Juan Bautista Alberdi a otro juzgado federal. Estas se acumularán con una causa ya en trámite en la que se investigan delitos de mayor gravedad, entre ellos presunto narcotráfico y lavado de activos.

De este modo, una investigación que había generado fuerte impacto político por los montos involucrados y las sospechas iniciales concluyó en sede judicial sin consecuencias penales. La clave de la resolución estuvo en la falta de tipicidad: para la fiscalía y el juzgado, las irregularidades señaladas no alcanzaron el umbral necesario para ser consideradas delito.