Una investigación millonaria sobre fondos públicos quedó archivada: ¿qué fue lo que no pudieron probar?

Una investigación federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de municipios tucumanos fue desestimada y archivada, al no encontrarse delito en los hechos denunciados. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez cerraron el caso, argumentando que las operaciones cuestionadas no revestían entidad penal.

La causa se había iniciado a fines de 2024, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia alertando sobre movimientos financieros inusuales en municipios del norte argentino, incluyendo Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros, Alberdi y Lules de Tucumán. El organismo antilavado había detectado extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad de baja trazabilidad, y sospechaba un posible vínculo con el financiamiento de campañas electorales.

¿Qué medidas tomó la fiscalía?

El fiscal Vehils Ruiz llevó adelante una serie de medidas de prueba para reconstruir el circuito del dinero. Requirió informes bancarios, analizó ejecuciones presupuestarias, tomó declaraciones testimoniales y examinó la evolución patrimonial de los funcionarios involucrados. El resultado fue determinante: según el dictamen, las operaciones observadas “fueron autorizadas por la entidad bancaria”, se realizaron dentro de circuitos administrativos formales y respondieron a prácticas habituales en la gestión municipal.

El fiscal subrayó que la emisión de cheques al portador es una operatoria “normativamente permitida” y que, en ausencia de elementos subjetivos de ilicitud, no configura una conducta penalmente típica. Esto llevó a la conclusión de que no hubo delito en el uso de fondos municipales cuestionado por la Procelac.

¿Se probó el financiamiento político irregular?

Uno de los puntos centrales de la investigación fue la hipótesis de financiamiento político irregular. Sobre este aspecto, el fiscal fue categórico: no se logró acreditar que los fondos retirados hubieran sido destinados a campañas electorales ni se detectaron transferencias hacia estructuras partidarias. Tampoco el examen patrimonial de los funcionarios arrojó inconsistencias relevantes respecto de los ingresos declarados, lo que debilitó aún más la sospecha de delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

Con ese cuadro, Vehils Ruiz concluyó que los hechos denunciados “no revisten entidad suficiente para habilitar la formulación de cargos” y encuadró el caso en el supuesto previsto por el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, que habilita la desestimación cuando los hechos no constituyen delito.

¿Hubo alguna advertencia o excepción?

No obstante, el fiscal introdujo una advertencia relevante desde el plano institucional. Señaló que, si bien no se configuraban ilícitos penales, del análisis surgían prácticas administrativas que podían calificarse como “displicentes” o como una “arbitraria disposición de fondos públicos”, en el marco de la discrecionalidad propia de la gestión municipal. Esa valoración, sin embargo, quedó circunscripta al ámbito administrativo y no al penal.

Con el dictamen fiscal en sus manos, el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez resolvió archivar el expediente. En su decisión, el magistrado hizo hincapié en un principio estructural del sistema acusatorio: la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, sin impulso de la fiscalía, el juez no puede avanzar de oficio en la persecución penal.

El juez también aclaró por qué no correspondía dictar un sobreseimiento, sino un archivo. La diferencia radica en que no existían imputados en la causa: se trataba de una denuncia para investigar hechos, sin que se hubiera formalizado acusación contra persona alguna.

Como excepción, y a partir de una recomendación del fiscal, Díaz Martínez dispuso remitir las actuaciones vinculadas al municipio de Juan Bautista Alberdi a otro juzgado federal, para su acumulación con una causa ya en trámite en la que se investigan delitos de mayor gravedad, entre ellos presunto narcotráfico y lavado de activos.

De este modo, una investigación que había generado fuerte impacto político por los montos involucrados y las sospechas iniciales concluyó en sede judicial sin consecuencias penales. La clave de la resolución estuvo en la falta de tipicidad: para la fiscalía y el juzgado, las irregularidades señaladas no alcanzaron el umbral necesario para ser consideradas delito.