Una fábrica clausurada por ruidos y olores logra un acuerdo inesperado: ¿qué pasará con las 70 familias?

El Gobierno provincial intervino para destrabar un conflicto que mantuvo cerrada una planta industrial en Concepción tras denuncias vecinales. En una reunión clave, autoridades y el empresario acordaron medidas para reabrir la fábrica, buscando equilibrar la producción con el respeto a la comunidad.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el director de Comercio Interior, Manuel Canto, participaron junto al intendente Alejandro Molinuevo y el empresario Juan Pablo Romero, titular del establecimiento clausurado. El encuentro tuvo como eje central encontrar alternativas que compatibilicen la continuidad de la actividad productiva con el cumplimiento de las normativas vigentes y la convivencia con el entorno urbano.

La fábrica había sido cerrada tras denuncias de vecinos por ruidos y olores derivados del proceso industrial, lo que generó un escenario de tensión en la ciudad. Desde el Gobierno provincial remarcaron la voluntad de intervenir para destrabar el conflicto.

¿Qué soluciones se plantearon?

Canto señaló que la reunión permitió escuchar al empresario y poner a disposición herramientas estatales para avanzar en una solución. “La idea es que las empresas puedan desarrollarse, pero respetando las reglas y cuidando a la comunidad”, sostuvo.

Durante el diálogo se abordaron puntualmente los inconvenientes señalados por los vecinos, y se acordó avanzar con asistencia técnica especializada. Según se indicó, equipos de ingenieros y profesionales en medio ambiente acompañarán el proceso para garantizar que la producción se realice bajo condiciones adecuadas.

¿Qué medidas concretas se tomarán?

Por su parte, Romero destacó el respaldo institucional y confirmó que se alcanzó un entendimiento que permitirá retomar la actividad. Entre las medidas adoptadas, mencionó la instalación de un sistema de filtrado con carbón activado para mitigar los olores y adecuarse a las exigencias planteadas.

El empresario también puso el foco en el impacto social de la reapertura, al señalar que la continuidad de la planta brinda estabilidad a unas 70 familias que dependen de esa fuente laboral. En ese sentido, remarcó la intención de sostener un vínculo equilibrado con la comunidad y evitar nuevos conflictos.

La intervención oficial busca, así, equilibrar dos demandas sensibles: la preservación del empleo y la producción en el interior provincial, y el respeto por las condiciones ambientales y la calidad de vida de los vecinos. El caso deja planteado, una vez más, el desafío de articular controles efectivos sin desalentar la actividad económica.