Una estafadora tucumana se libró de la cárcel tras robar más de $7 millones a jubilados de Alderetes

Una licenciada en Nutrición de 35 años obtuvo una condena condicional por estafar a adultos mayores de Alderetes, quienes ahora deben iniciar un nuevo juicio civil para intentar recuperar su dinero. La mujer, identificada como P.A.A., engañó a sus víctimas prometiéndoles aumentos de ANSES para robarles sus datos, crear cuentas bancarias fraudulentas y solicitar préstamos a su nombre, causando un perjuicio económico superior a los siete millones de pesos.

El engaño y el método de la estafa

El caso fue investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. La auxiliar de fiscal Carolina Brito detalló en la audiencia el modus operandi de la acusada. La mujer se presentaba en los domicilios de jubilados de Alderetes, aprovechando vínculos de vecindad o amistad con sus familias.

Les aseguraba que habían sido seleccionados para recibir un incremento en sus haberes de la ANSES. Bajo este pretexto, les solicitaba fotografías de su rostro y de su Documento Nacional de Identidad, insistiendo hasta obtener imágenes de buena calidad que luego utilizaba para fines fraudulentos.

El robo de identidad y el desfalco bancario

Con los datos biométricos y personales de las víctimas, la imputada creó cuentas digitales en el Banco Galicia o tomó el control de las existentes. Cambiaba las contraseñas y bloqueaba el acceso a los titulares legítimos. Una vez dentro del sistema, solicitaba préstamos a nombre de los jubilados y realizaba extracciones de efectivo y transferencias, derivando fondos a sus propias cuentas.

Las maniobras comenzaron en octubre de 2024, pero los afectados descubrieron el fraude recién en 2025. Las primeras víctimas fueron Antonia y Pedro, un matrimonio de 64 y 67 años allegado a la estafadora. A nombre de Antonia se solicitó un préstamo de $1.165.000, y a Pedro se le adjudicó otro por $2.394.300.

Otra víctima y la investigación clave

El segundo hecho ocurrió en noviembre de 2024 y tuvo como víctima a Conrado, un jubilado de 70 años amigo del padre de la acusada. La mujer accedió a su cuenta, solicitó un préstamo por $3.796.200, realizó extracciones y concretó transferencias por más de $1,3 millones. El hombre advirtió el delito cuando su hija no pudo ingresar al home banking, lo que lo llevó a denunciar en la comisaría de Alderetes.

La investigación incluyó pericias electrónicas de cuentas bancarias, análisis de conversaciones, informes de las entidades financieras y reportes crediticios. Este material probatorio permitió acreditar la responsabilidad penal de P.A.A., lo que llevó a un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal.

Una condena que dejó disconformes a las víctimas

Con el respaldo de su defensora oficial, Josefina Talamazzi, la acusada aceptó su culpabilidad por el delito de estafa informática reiterada. El juez Guillermo Taylor homologó el acuerdo, imponiendo una pena de un año de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período.

Durante la audiencia, los jubilados damnificados manifestaron su profundo descontento con la sentencia. Consideraron que la pena era leve frente al daño económico y emocional sufrido. “Somos personas grandes y nos hizo pasar momentos muy difíciles”, expresó Pedro, relatando el impacto en la salud y la economía familiar.

El magistrado explicó que la pena se ajusta a lo previsto por el Código Penal y recordó a las víctimas que pueden iniciar acciones en el fuero civil para reclamar una compensación económica por los daños. Con esta resolución, quedó acreditado uno de los casos recientes más graves de estafa digital a jubilados en la provincia de Tucumán.