Una empresa denuncia que le cobraron impuestos por 307 años: el conflicto que enfrenta a dos provincias

Una histórica empresa yerbatera presentó una demanda judicial tras denunciar que el sistema tributario de una provincia le implicó pagar el equivalente a 307 años de impuestos por adelantado, un conflicto que escaló hasta involucrar a dos gobiernos provinciales y que ahora podría llegar a la Corte Suprema.

El Establecimiento Las Marías, el mayor productor mundial de yerba mate, con marcas como Taragüi, Unión, La Merced y Mañanita, radicó una presentación judicial donde detalló cifras impactantes sobre el régimen fiscal que enfrenta.

¿Qué denuncia exactamente la empresa?

Según los documentos presentados en el expediente, cada mes le detraían de sus cuentas bancarias alrededor de $333 millones, mientras que su obligación mensual real por Ingresos Brutos apenas rondaba los $2 millones. Esta diferencia desproporcionada fue el punto de partida del reclamo.

Pero el problema no se limitaba solo a las retenciones bancarias. La empresa también cuestionó otros componentes del esquema fiscal, incluyendo anticipos aplicados al ingreso de mercadería, percepciones vinculadas a operaciones comerciales y pagos exigidos a plantas de procesamiento.

La cifra que dejó a todos helados

Con todas estas herramientas sumadas, la firma presentó certificaciones contables donde aseguró que el promedio mensual de pagos a cuenta llegaba a $598 millones. Proyectado a un año, esto equivale a $7.171 millones, mientras que la obligación anual definitiva por Ingresos Brutos sería de apenas $23 millones.

Esta comparación dio lugar al dato más impactante: según el cálculo de la empresa, la provincia le habría retenido y percibido el equivalente al 30.718% del impuesto final. Es decir, un volumen que representa 307 años de Ingresos Brutos pagados por adelantado.

Como dato adicional, la compañía incluso remarcó que su propio estatuto societario fija una duración de 99 años, bastante menos que el crédito fiscal que asegura haber acumulado.

¿Por qué se involucró otra provincia?

El conflicto dejó de ser solo una discusión entre una empresa y un fisco provincial cuando Corrientes decidió intervenir formalmente en la causa. La provincia argumentó que el esquema tributario terminó afectando inversiones que debían desarrollarse en su territorio.

Según explicó Las Marías en su demanda, la firma se había adherido a un programa correntino orientado a ampliar la producción yerbatera. Sin embargo, sostuvo que la presión financiera derivada del régimen fiscal la colocó en una situación de incertidumbre que le impidió cumplir con el cronograma de desembolsos comprometidos.

Una pulseada que escaló rápidamente

Esa situación llevó a que el gobierno de Corrientes se presentara en el expediente como tercero interesado, una figura procesal que habilita a intervenir cuando el resultado del juicio puede afectar derechos o intereses propios.

La provincia acompañó el planteo empresario y sostuvo que la política tributaria condiciona su autonomía, debilita sus propios planes de expansión productiva y puede afectar empleo, inversión privada, recaudación y desarrollo económico.

Incluso, en su presentación judicial, Corrientes advirtió que el impacto podría proyectarse también sobre su sistema financiero y configurar un escenario de gravedad institucional, en un expediente que ya dejó de ser un simple litigio impositivo para convertirse en una pulseada entre provincias.

¿Qué pasó con las medidas judiciales?

La empresa explicó que hasta comienzos de 2025 contaba con excepciones o alivios que reducían parcialmente esa carga, pero que esos beneficios fueron interrumpidos de manera repentina. A partir de ese punto, avanzó con la demanda judicial para intentar frenar la aplicación de las normas cuestionadas.

En una primera etapa, Las Marías había obtenido una medida cautelar favorable en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, en Corrientes, que suspendía temporalmente la vigencia del régimen impositivo. Sin embargo, ese alivio duró poco: luego, ese mismo tribunal se declaró incompetente al entender que, al estar involucrada una provincia, el caso debía tramitar directamente en la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El conflicto se complica aún más

Mientras esa definición avanzaba, el conflicto se volvió todavía más complejo. El Superior Tribunal de Justicia de Misiones intervino, se declaró competente y dejó sin efecto la cautelar que había beneficiado a la empresa. Con esa decisión, el peso del esquema tributario volvió a recaer sobre la firma.

Más tarde, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen en el que consideró que no se trata simplemente de un conflicto de competencia entre tribunales, sino de un caso que la Corte Suprema debe abordar directamente por la magnitud institucional de la disputa y por el impacto que genera entre dos provincias argentinas.

¿Qué sigue ahora?

Actualmente, el expediente ya pasó por la Secretaría de Asuntos Originarios del máximo tribunal y quedó dentro del circuito de análisis de las vocalías. Esta causa podría transformarse en un antecedente de peso para discutir hasta dónde pueden llegar los fiscos provinciales cuando utilizan regímenes de recaudación anticipada que, en los hechos, terminan funcionando como un fuerte mecanismo de financiamiento estatal a costa del capital de trabajo privado.

El sector privado ya bautizó este tipo de esquemas como una suerte de “aduana paralela”, cuestionando su impacto financiero y la carga desproporcionada que representa para las empresas que operan en diferentes jurisdicciones provinciales.