Una decisión histórica sacude a las Fuerzas Armadas: 34 militares enfrentan una consecuencia inesperada

El Ejército tomó una medida sin precedentes al dar de baja a 34 militares con condenas firmes por delitos de lesa humanidad, en una resolución que se conoció este sábado. La decisión, adoptada por el jefe de la fuerza, general de división Oscar Santiago Zarich, se produjo tras una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La baja administrativa implica la pérdida del estado militar para los afectados, lo que significa que dejarán de percibir beneficios como retiros, pensiones y cobertura médica. La resolución alcanza a un teniente coronel retirado y 33 suboficiales.

¿Quién es el militar más conocido en la lista?

Entre los nombres figura Juan Daniel Amelong, un exteniente coronel que acumula varias condenas por delitos de lesa humanidad, incluidas penas perpetuas. Su caso había vuelto a la discusión pública en noviembre de 2023, durante el debate vicepresidencial entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel.

En ese intercambio, la actual vicepresidenta mencionó a Amelong al recordar el asesinato de su padre a manos de Montoneros en Rosario en 1974. Según los expedientes, Amelong integró en los años 70 grupos de tareas vinculados al Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército.

¿Cómo se llegó a esta decisión?

El avance se produjo después de que la PIA detectara, dos semanas atrás, 78 casos de integrantes de las Fuerzas Armadas y de fuerzas de seguridad que, pese a tener sentencia firme, todavía no habían sido desafectados como establece la normativa vigente. El organismo sostuvo que existe un marco legal claro que obliga al Estado a ejecutar esas bajas una vez que la condena queda firme.

No es la primera decisión de este tipo. A comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, ya había dispuesto la baja de 23 militares condenados por la Justicia, una medida que en ese momento había generado ruido puertas adentro del Ejército.

¿Qué problemas identificó la Procuraduría?

Además de impulsar las bajas, la PIA advirtió sobre la falta de una política estatal coordinada para ejecutar de manera rápida y completa las consecuencias administrativas de las condenas firmes. En ese sentido, señaló que persisten demoras, respuestas fragmentadas y resistencias institucionales que entorpecen el cierre de estos procedimientos.

El informe también puso el foco en la ausencia de mecanismos adecuados de registro, seguimiento y control dentro de las áreas estatales encargadas de administrar el personal de las fuerzas y de supervisar el cumplimiento de las sentencias judiciales. Para la PIA, esa desarticulación explica por qué todavía seguían activos casos que, por ley, ya debían haber sido resueltos.