Una amenaza silenciosa se cierne sobre las aulas: ¿Qué harán las universidades si el Gobierno ignora la ley?

El conflicto por el financiamiento universitario escaló a un punto sin retorno, con la UBA advirtiendo que, si el Gobierno persiste en ignorar los fallos judiciales, la comunidad académica volverá a las calles a mediados de mayo. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, lanzó un ultimátum claro: no se quedarán de brazos cruzados y convocarán a la sociedad para una nueva marcha federal.

La estrategia no se limitará a la movilización. Yacobitti adelantó que iniciarán acciones legales contra todos los funcionarios responsables del incumplimiento de la Ley de financiamiento universitario. Pero hay un giro clave: las medidas de protesta se realizarán con las universidades funcionando, no cerradas por paro.

Según explicó el vicerrector, “cada día que Milei ve una universidad cerrada por paro, no se preocupa; por eso, las medidas serán con las aulas abiertas”. El objetivo es visibilizar el conflicto sin interrumpir la formación de los estudiantes, buscando que el Gobierno no pueda ignorar el reclamo.

¿Qué hay detrás del desfinanciamiento?

Para Yacobitti, el trasfondo no es meramente económico, sino ideológico. Vinculó la política educativa oficial con posturas autoritarias internacionales que buscan “destruir un lugar que genera personas con capacidad crítica”. Criticó que el modelo actual no tolera la diversidad de ideas ni la pluralidad que caracteriza a la UBA.

A pesar de los recortes, la UBA sigue posicionada entre las mejores universidades del mundo, gastando hasta diez veces menos por alumno que instituciones comparables como la UNAM de México o la Universidad de San Pablo en Brasil.

El impacto en salarios y la fuga de talentos

Uno de los puntos más críticos es la estrepitosa caída del poder adquisitivo en el sector docente. Un profesor de colegios preuniversitarios como el Nacional de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini perdió aproximadamente el 60% de su valor adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, afectado en gran medida por la eliminación del FONID.

Esta situación generó una brecha salarial alarmante: hoy, un docente puede cobrar un 32% más en jurisdicciones provinciales o en la Ciudad de Buenos Aires que en el ámbito de las universidades nacionales por la misma tarea.

El escenario ya empezó a mostrar consecuencias graves: la fuga de talentos. Yacobitti precisó que solo en la Facultad de Agronomía de la UBA, en los últimos dos años y pocos meses, se fueron 100 personas entre profesores e investigadores de alto nivel.

Para el directivo, este desfinanciamiento pone en riesgo servicios vitales para la sociedad, desde la formación de médicos que salvan vidas en accidentes hasta la capacidad de respuesta científica ante futuras pandemias o desafíos productivos del país.

La batalla legal en la Corte Suprema

Desde el Gobierno nacional, el argumento se mantiene firme en la restricción presupuestaria. Afirman que cumplir con la ley de financiamiento implicaría un desembolso de 2,5 billones de pesos, una cifra que consideran imposible de afrontar sin romper el ancla del superávit fiscal.

Tras haber perdido en primera y segunda instancia judicial, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando que el máximo tribunal le otorgue un efecto suspensivo para no verse obligado a pagar de inmediato.

En los pasillos de la Casa Rosada admiten que es “altamente improbable” que la Corte les conceda ese alivio temporal, por lo que ya analizan fórmulas para escalonar los pagos y evitar el regreso del déficit financiero.

Mientras tanto, Yacobitti insiste en la necesidad urgente de abrir un canal de diálogo genuino: “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa donde el Gobierno traiga una alternativa”, propuso. Advirtió que cada día que pasa sin negociación es un día perdido para encontrar una solución que evite que cientos de miles de argentinos vuelvan a ganar las calles en defensa de la universidad pública.