Una adolescente fue comprada por 825 mil pesos y obligada a casarse: la pesadilla duró dos años

Un matrimonio y su hijo fueron condenados a 10 años de prisión por captar, trasladar y explotar a una nena de 13 años. La víctima sufrió violencia física, sexual y laboral durante casi tres años. El juez federal Daniel Doffo dictó la sentencia en San Juan, que incluye una reparación económica de 75 millones de pesos.

¿Cómo fue el calvario de la menor?

Según la investigación, Alberto Cristo (45) e Isabel Cristo (46) y su hijo Franco integrantes de la comunidad gitana, obligaron a la adolescente a una unión forzada con el joven, que tenía 20 años cuando ella apenas tenía 13. El matrimonio entregó 825 mil pesos a los padres de la joven para concretar el enlace en Neuquén, entre marzo y abril de 2022.

Luego, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde la sometieron a servidumbre sexual, doméstica y laboral hasta diciembre de 2024. Durante ese tiempo, la víctima sufrió golpes, quemaduras con cigarrillos y agua caliente, insultos y amenazas. La obligaron a vender en la calle bajo condiciones extremas y a realizar todas las tareas domésticas para la familia. Todo el dinero que obtenía debía ser entregado a los condenados, bajo amenaza de dejarla sin comida o recursos, incluso durante sus embarazos.

El intento de escape y el rescate

En diciembre de 2024, la joven se mudó a San Juan junto a Franco y el hijo que tuvieron en común. Allí, la familia de los condenados intentó llevársela nuevamente a Santa Fe por la fuerza. Aprovecharon una distracción de los padres de la adolescente y la subieron a una camioneta. La joven intentó escapar con su hijo en brazos en la localidad de Caucete, pero fue alcanzada y obligada a subir al vehículo.

La situación fue advertida por una persona en una estación de servicio, que llamó al 911. Gracias a la intervención de la policía y el monitoreo de cámaras de seguridad, lograron detener el vehículo y rescatar a la víctima y a su hijo.

Detalles del juicio

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería Nacional, con colaboración de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de San Juan. La sentencia fue dictada por el juez Daniel Alejandro Doffo.

En el juicio, el fiscal Fernando Alcaraz remarcó: “No soslayamos que el rito de matrimonio infantil analizado se produjo en el marco de prácticas culturales propias de la comunidad gitana. Sin embargo, ello no resulta explicación suficiente para la violación de los derechos de V.S.Y en el territorio argentino”.

Mientras que la fiscal de PROTEX, Alejandra Mángano, recordó que “el matrimonio infantil está prohibido por los tratados de derechos humanos” y que ninguna práctica cultural puede justificar la violación de derechos fundamentales.

El juez Doffo ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, siguiendo los lineamientos de la ley 27.508 y la “Guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo de reparación a víctimas y gestión de bienes en casos de trata de personas”. Además, dispuso el embargo de bienes y el decomiso del auto utilizado en el delito para garantizar el pago.

La sentencia también incluyó medidas de reparación no económicas, como la comunicación de la sentencia en lenguaje claro a la comunidad gitana de San Juan y Santa Fe, y a la familia de la víctima, que actualmente vive en Salta.

La sentencia fue dictada por el juez Daniel Alejandro Doffo.