Un vínculo oculto y una finca valuada en $200 millones: el motivo que sacó al juez de una causa millonaria

La Cámara Federal de Apelaciones apartó a un juez federal de una investigación por lavado de dinero que involucra al presidente de la AFA y un dirigente, tras descubrirse una relación previa que comprometía su imparcialidad. La decisión judicial introduce un giro clave en un caso que analiza operaciones financieras de gran volumen.

La medida se adoptó luego de que se hiciera lugar a una recusación contra el magistrado Sebastián Argibay. Los antecedentes del expediente revelaron que el juez mantenía un vínculo previo con el dirigente Pablo Toviggino, uno de los investigados en la causa.

¿Qué hallaron en los antecedentes?

El elemento central que cuestionó la imparcialidad de Argibay fue una operación inmobiliaria. Según los documentos, el magistrado le vendió a Toviggino una finca valuada en aproximadamente $200 millones, pero la escritura se realizó por un monto muy inferior, alrededor de $20 millones.

Este apartamiento ya había sido definido por los camaristas y debía formalizarse a través del sistema oficial de la Justicia Federal, conocido como Lex 100. Con la resolución, Argibay deja de intervenir en el caso y se dispone la designación de un nuevo juez para continuar con la investigación.

¿Cómo se originó la causa?

El expediente se inició a partir de un requerimiento del fiscal federal Pedro Simón, quien solicitó la detención de Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino. La investigación se centra en presuntos actos de lavado de dinero, analizando movimientos financieros y estructuras societarias vinculadas a personas del entorno del dirigente.

Con la salida de Argibay, la causa quedará en manos de uno de los jueces federales con competencia en la jurisdicción que abarca Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Entre los posibles magistrados que podrían asumir el caso se encuentran Miguel Contreras, José Manuel Díaz Vélez o Guillermo Díaz Martínez.

¿Qué operaciones se investigan?

La fiscalía analiza movimientos financieros y estructuras societarias vinculadas a personas cercanas a Toviggino. Según la investigación, familiares y allegados del dirigente integraban o participaban en distintas empresas que habrían facturado servicios a la AFA, lo que motivó el examen de operaciones económicas de gran volumen.

También se incorporaron al expediente datos sobre transferencias millonarias y colocaciones financieras realizadas por personas del entorno. Estos movimientos incluyeron dinero dirigido hacia entidades bancarias que posteriormente derivaron en reportes de operaciones sospechosas ante organismos de control.

Algunas de estas operaciones analizadas incluyeron montos significativos en pesos y dólares, con apertura de múltiples instrumentos financieros y circulación de fondos entre distintas jurisdicciones. Este complejo entramado forma parte del objeto de investigación en la causa por presunto lavado.

El apartamiento de Argibay introduce un cambio relevante en el expediente, ya que la continuidad del proceso y la definición sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público Fiscal quedarán a cargo de un nuevo magistrado sin intervención previa en el caso.