Un tucumano se hizo pasar por abogado y le sacó una fortuna a una ex compañera: la Justicia ya tomó cartas en el asunto

La confianza en un ex compañero de trabajo le costó a una mujer tucumana la friolera de 17 millones de pesos. Un hombre de 41 años fue imputado por la Justicia provincial tras ser acusado de estafar a la víctima haciéndose pasar por un abogado matriculado, ofreciéndole falsos servicios legales. La audiencia se desarrolló este martes 3 de marzo y el magistrado aceptó el pedido de la Fiscalía de imponerle reglas de conducta por seis meses.

¿Cómo fue el engaño?

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre junio y octubre de 2025. El acusado habría contactado a la mujer aproximadamente un mes después de que ella fuera despedida de su trabajo, el 14 de mayo de ese año.

El imputado, sin contar con título habilitante ni autorización para ejercer la abogacía, se presentó ante ella como letrado. Le ofreció asesoramiento para iniciar un supuesto juicio por despido laboral y también le propuso gestionar otros trámites, como una certificación de discapacidad y una pensión.

La víctima rompió el silencio

La Fiscalía sostiene que la mujer confió en él debido al vínculo previo que tenían como compañeros de trabajo. En ese contexto de aparente ayuda, la denunciante realizó 16 transferencias bancarias que sumaron la abultada cifra de $17 millones.

Durante la audiencia, la afectada no pudo contener su dolor y se dirigió al juez con palabras contundentes. “Yo lo consideraba mi amigo, no entiendo por qué a mí. Es una persona macabra”, manifestó ante el magistrado, dejando al descubierto la traición que sintió.

La investigación avanza con medidas cautelares

La audiencia se realizó a solicitud de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, que está a cargo del fiscal Diego López Ávila. En representación del organismo intervino la auxiliar de fiscal Emely Rafael, quien le atribuyó al imputado el presunto delito de estafa.

Para garantizar el avance del proceso, el Ministerio Fiscal solicitó medidas de coerción de menor intensidad, conocidas como reglas de conducta. Este pedido fue concedido en su totalidad por el magistrado interviniente, lo que significa que el acusado deberá cumplir con ciertas obligaciones mientras la investigación continúa su curso.

El caso queda ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad del hombre de 41 años en este presunto fraude que explotó la vulnerabilidad de una ex compañera en un momento difícil.