Un proyecto en la Legislatura tucumana que busca borrar contenido en 6 horas genera una dura advertencia sobre “censura previa”

Un proyecto de ley que avanza en la Legislatura de Tucumán, impulsado por Gerónimo Vargas Aignasse, ha encendido una fuerte polémica al proponer una herramienta judicial “hipersumarísima” para eliminar contenidos de Internet. El legislador radical José Cano salió al cruce con una advertencia contundente: la iniciativa “pretende instalar la censura previa en Tucumán”. La medida permitiría a un juez ordenar en solo seis horas el bloqueo o desaparición de publicaciones consideradas injuriosas, sin dar audiencia previa a la otra parte.

¿Un conflicto de competencias?

José Cano cuestionó de raíz la validez del proyecto, argumentando que se trata de una materia de competencia federal. El dirigente sostuvo que “es materia federal y no puede legislarla la Provincia”, recordando que las figuras de calumnias e injurias ya están contempladas en el Código Penal de la Nación, así como las vías civiles para reclamar daños.

Según su análisis, solo el Congreso Nacional tiene la potestad de modificar el Código Penal o ampliar las tutelas vigentes. Cano consideró que introducir esta herramienta cautelar desde la Legislatura tucumana podría generar un serio conflicto de competencias, al anticipar un prejuzgamiento antes de que se sustancien las investigaciones correspondientes.

La advertencia por la libertad de expresión

El núcleo de la crítica radica en el impacto sobre un derecho fundamental. Cano sostuvo que la propuesta representa un “gravísimo menoscabo” a la libertad de expresión y habló directamente de un intento de “censura previa”, una figura expresamente prohibida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El legislador también recordó que Tucumán fue escenario reciente de decisiones judiciales que generaron repercusión nacional por restringir publicaciones periodísticas y en redes sociales. Advirtió que avanzar en una norma de este tipo podría profundizar ese delicado debate y generar un efecto inhibidor sobre periodistas, dirigentes y ciudadanos que participan del debate público.

Los detalles del proyecto polémico

El proyecto de Vargas Aignasse, que cuenta con el respaldo del presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, y del legislador Roque Argañaraz, plantea un procedimiento “urgentísimo”. Su argumento central es que la viralización en redes sociales vuelve irreparable el daño al honor si no se actúa con inmediatez extrema.

La herramienta solo procedería ante casos que el juez considere “manifiestamente injuriosos”, “manifiestos, inequívocos y acreditados” de calumnias o injurias. Sus autores incorporaron lo que denominan un “candado normativo” para evitar afectar opiniones o críticas de interés público. Sin embargo, para la oposición, el mecanismo en sí mismo, que permite remover contenidos sin escuchar previamente a la otra parte, supone una “regresión legislativa grave”.

“Proyectos de este tipo no pueden tener cobijo en la Legislatura”, concluyó José Cano, afirmando que están en juego derechos constitucionales básicos y el equilibrio entre la protección del honor y la plena vigencia de la libertad de expresión. El debate queda abierto en la Cámara de Diputados provincial, con una advertencia que trasciende lo partidario y apunta al corazón de las garantías democráticas.