Un policía tucumano fue detenido en Santiago del Estero por financiar una red de pornografía infantil
Un policía tucumano fue arrestado en Quimilí, Santiago del Estero, por financiar una red que explotaba adolescentes a través de un grupo de WhatsApp. La investigación incluye a un comerciante y una administradora.
Un efectivo policial oriundo de Tucumán fue arrestado en Quimilí, Santiago del Estero, por su presunta participación en una red que explotaba a adolescentes. El hombre, que en su juventud aspiró a ser sacerdote, ahora enfrenta cargos por corrupción de menores junto a un comerciante y la administradora de un grupo de WhatsApp. La investigación se desató cuando una madre descubrió que su hija de 16 años recibió dinero por enviar material íntimo.
El caso estalló el domingo por la tarde en la localidad santiagueña. Una mujer halló que su hija adolescente había cobrado la suma de $10.000 mediante transferencias por enviar fotografías y videos en total desnudez. La joven, al carecer de una billetera virtual, habría utilizado la cuenta de una hermana mayor, quien al parecer estaba al tanto de las actividades.
La extorsión que destapó la red
La situación escaló cuando la administradora del grupo de WhatsApp, identificada como “María” del barrio Alomo, presionó a la menor para que aceptara un encuentro sexual con uno de los financistas, ofreciendo un pago mayor. Ante la negativa de la adolescente, la administradora adoptó un tono extorsivo. Le advirtió que en el grupo, llamado “Encuentro y venta de contenidos”, se ingresaba pero no se salía cuando uno quería.
Para demostrar que sus amenazas eran reales, “María” diseminó por Quimilí las imágenes íntimas de la joven. Familiares de la víctima alertaron a la madre sobre la viralización del material en redes sociales y celulares, lo que llevó a la confesión completa de los hechos.
Los implicados y la denuncia formal
Frente al colapso emocional de su madre, una hermana de la adolescente proporcionó los nombres de dos de los presuntos financistas del circuito. Se trata del comerciante L.A.M. y el policía J.M.S.P., cuyas identidades quedaron asentadas en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 9 de la Mujer y Familia, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 12 de Quimilí.
Ante el temor de un escrache social, ambos imputados intentaron gestionar anoche recursos de eximición de prisión. Con la Justicia en período de feria, el trámite se presentaba complejo para sus abogados defensores.
El perfil del policía tucumano
El funcionario policial involucrado tiene un pasado que contrasta con los cargos actuales. Según trascendió, es oriundo de Tucumán y se radicó en Santiago del Estero hace años. Antes de ingresar a la fuerza, había incursionado en un seminario con la intención de convertirse en sacerdote. Finalmente, optó por la carrera policial y actualmente prestaba servicios en la ciudad de Quimilí.
Mientras su abogado buscaba la forma de desvincularlo de los hechos, la investigación avanza sobre la base de pruebas digitales. Los integrantes del grupo proporcionaron a la Justicia capturas de pantalla, mensajes, listas de precios e instrucciones específicas sobre poses y vestimenta, lo que demostraría el carácter sistemático de la operación.
Ampliación de la investigación
Las autoridades no descartan que la red sea más extensa. Voceros policiales sugirieron que el grupo de financistas excedía los límites de Quimilí e incluía personas de otras ciudades, cuyas identidades serían conocidas por la administradora “María”. Ella, ante la investigación, habría dado de baja el grupo de WhatsApp y bloqueado a sus contactos.
La Fiscalía planea citar en las próximas horas a esta administradora para develar la magnitud completa del escándalo. Con el viento a favor de las pruebas, los investigadores no descartan realizar allanamientos y secuestros de equipos tecnológicos como celulares y tablets. Los delitos que se investigan son proxenetismo, y tenencia y distribución de material de pornografía infantil.
Por otro lado, la adolescente víctima sería trasladada hoy a la ciudad Capital de Santiago del Estero para recibir contención psicológica y declarar. También prestarán declaración su hermana y su madre, de 35 años, quien ratificará la denuncia inicial.
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