Un operativo de limpieza en los tribunales borró la prueba clave y se cayó un juicio por narcotráfico

La Justicia Federal de Tucumán enfrenta una crisis sin precedentes luego de que la desaparición de evidencia durante una limpieza en el subsuelo del Tribunal Oral Federal provocara la caída de un juicio oral y público. El fiscal general subrogante, Pablo Camuña, desistió de la acusación contra un policía al constatar que las pastillas secuestradas ya no existían.

El caso se originó el 20 de septiembre de 2015, cuando un agente de la Comisaría 6ª fue acusado de entregar una bolsa con 58 pastillas de alprazolam a un interno colombiano. Se le imputaron los delitos de entrega para la venta de sustancias medicinales sin autorización e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, al iniciarse el debate oral ante la jueza Ana Carina Farías y los magistrados Federico Bothamley y Cristina Giordano (de manera virtual), surgió un dato escalofriante: las pastillas secuestradas habían desaparecido durante un operativo de limpieza en los depósitos judiciales.

¿Qué pasó con las pruebas?

El episodio se remonta al 11 de mayo, cuando se ordenó el vaciamiento de sectores del subsuelo del edificio judicial en Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Según denuncias, se retiraron cajas con drogas, armas, dinero y documentación de distintas causas. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla advirtió que había pruebas de expedientes en trámite, pero el operativo se realizó sin controles adecuados.

Camuña sostuvo que la desaparición del material impedía cualquier control futuro y afectó las garantías del proceso. “El Estado perdió definitivamente la posibilidad de disponer de evidencia incorporada a una causa penal”, afirmó durante su alegato.

El fiscal también criticó la falta de información sobre el destino de los elementos retirados y señaló que la orden del operativo emanó del propio tribunal que luego debía evaluar las consecuencias. Promovió una recusación para que jueces ajenos analizaran el impacto, pero fue rechazada.

La preocupación se extiende a otras pruebas almacenadas en el edificio, como las vinculadas a la “causa Ale” y procesos por delitos de lesa humanidad. Fiscalías de toda la provincia temen que más evidencias hayan corrido la misma suerte.

Finalmente, el imputado fue sobreseído. El tribunal remitió las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación para que investiguen posibles irregularidades. Un juicio que debía esclarecer un delito de hace más de una década se convirtió en el símbolo de una controversia mayor: la pérdida de pruebas bajo custodia del Estado.