Un mes sin Joaquín: la marcha que exige justicia y la sombra sobre la policía en Alderetes

Un mes después del brutal asesinato de Joaquín Rodrigo Ibarra en Alderetes, su familia y la comunidad se preparan para una movilización en Banda del Río Salí. La justicia avanza contra los dos adolescentes acusados, mientras una investigación paralela pone bajo la lupa a los efectivos policiales que los detuvieron, ante denuncias de irregularidades.

La convocatoria es para este jueves. El recorrido comenzará en dirección a la plaza Urquiza y tendrá como destino final el Ministerio Público Fiscal, ubicado en avenida Sarmiento al 500. El objetivo es mantener viva la memoria del joven de 21 años y exigir celeridad en la causa.

¿Qué pasó la noche del crimen?

El fatídico hecho ocurrió el pasado 12 de enero. Joaquín Ibarra había tomado un servicio de Uber para visitar a un amigo en Alderetes cuando fue interceptado por dos adolescentes.

Según la versión de su abogado, Juan Pablo Bello, el joven, en un intento desesperado, arrojó su teléfono celular para evitar el ataque. Sin embargo, uno de los agresores le disparó en la cabeza, causándole la muerte instantánea.

Los imputados y la investigación judicial

Los presuntos autores, de 16 y 17 años, fueron detenidos y actualmente se encuentran alojados en el Instituto Roca. La fiscalía los acusa del delito de homicidio agravado criminis causa y solicitó para ellos una prisión preventiva por cuatro meses.

El abogado de la familia, Juan Pablo Bello, indicó que se analiza una hipótesis adicional: el crimen podría haberse cometido por la frustración del robo, dado que la víctima logró deshacerse de su celular antes del ataque fatal.

La polémica sobre la detención policial

En un giro significativo, el juez a cargo de la causa ordenó investigar la actuación de los policías que procedieron a la detención de los dos adolescentes. Esto surge a raíz de denuncias que apuntan a posibles procedimientos ilegales y actos de tortura psicológica durante el arresto.

Esta línea de investigación abre un flanco adicional en un caso que ya conmocionó a la provincia, poniendo el foco también en los métodos de las fuerzas de seguridad.

Un proceso penal con particularidades

De acuerdo con la legislación argentina, los jóvenes imputados, pese a ser menores de edad, enfrentan un proceso penal similar al de un adulto, pero con un régimen de penas diferenciado hasta que cumplan la mayoría de edad.

Bello explicó que el juicio se desarrollará en dos etapas claras. Primero se determinará su responsabilidad penal en el hecho y, posteriormente, se fijará la condena que deberán comenzar a cumplir una vez que alcancen los 18 años.

La fiscalía dispone de un plazo de seis meses para presentar pruebas adicionales y avanzar formalmente hacia la etapa de enjuiciamiento.

Repercusión política y medidas en la provincia

El crimen de Joaquín Ibarra tuvo un fuerte impacto a nivel político. Fue uno de los casos citados por el Gobierno nacional de Javier Milei para impulsar el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, un proyecto que finalmente fue retirado del Congreso.

En el ámbito provincial, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció la creación del Instituto de Menores Cura Brochero dentro del penal de Benjamín Paz. Esta medida, que prevé el alojamiento de al menos seis adolescentes acusados de delitos graves, ha sido cuestionada por especialistas en derechos juveniles.

La marcha de este jueves no solo es un recordatorio del joven perdido, sino también un llamado a una justicia íntegra, que abarque desde el esclarecimiento del homicidio hasta el examen de cada uno de los actos de las instituciones involucradas.