Un legislador busca que Tucumán se quede con el complejo clausurado: ¿qué pasará con el predio?

El diputado Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) presentó un proyecto para que la Provincia negocie con Nación la cesión definitiva del Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda, cerrado desde principios de mes por orden judicial. La iniciativa apunta a recuperar el espacio para uso público y evitar que vuelva a quedar en manos privadas.

¿Qué propone el proyecto?

La resolución insta al Poder Ejecutivo a gestionar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Ferrocarril General Belgrano la transferencia o usufructo gratuito del terreno ubicado en Suipacha al 100. Una vez regularizada la situación dominial, el complejo pasaría a la órbita de la Secretaría de Deportes provincial.

El objetivo es poner en valor las instalaciones, garantizar el acceso comunitario y evitar que conflictos entre concesionarios privados interrumpan las actividades, como ocurrió ahora.

El cierre que dejó a cientos sin entrenar

Desde la clausura, cadenas, cintas y carteles con la leyenda “Propiedad del Ferrocarril Belgrano. Prohibido pasar” impiden el ingreso al predio donde niños, jóvenes y adultos practicaban artes marciales, calistenia, fútbol, vóley y danza aérea, entre otras disciplinas.

La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires. El secretario de Deportes de Tucumán, Diego Erroz, aclaró que el Gobierno provincial no es parte en la disputa judicial.

La maraña legal detrás del predio

El inmueble pertenece al patrimonio ferroviario nacional. Tras las privatizaciones de los ’90, pasó por distintos organismos: Enabief, Onabe, Adifse, Sofse y, finalmente, la AABE. Hoy está bajo control de Belgrano Cargas, empresa que el año pasado fue autorizada a privatizarse totalmente.

Ese complejo recorrido administrativo explica por qué el terreno sigue siendo propiedad de la Nación, pese a su uso deportivo durante décadas.

“El Estado no puede ser espectador”

Bussi cuestionó el sistema de intermediación privada que derivó en el cierre. “Cuando un conflicto entre particulares termina perjudicando a cientos de chicos y deportistas, el Estado tiene la obligación de intervenir”, afirmó.

El legislador sostuvo que provincializar el complejo daría seguridad jurídica, protegería a los docentes y aseguraría la continuidad de las prácticas. “El deporte no puede depender de un contrato comercial. Debe ser una política pública permanente”, agregó.

Finalmente, remarcó el valor social del Nicolás Avellaneda: “No podemos permitir que un lugar que durante décadas promovió el deporte, la integración y la contención social termine desapareciendo por un conflicto administrativo”.