Un juez tucumano tomó una decisión inesperada tras escuchar el desgarrador relato de una madre

La Justicia Penal juvenil de Tucumán dio un giro inusual al priorizar la contención familiar sobre el castigo puro. Un adolescente acusado de intento de robo recibió una suspensión del juicio a prueba, pero la resolución más impactante fue la orden de asistencia psicológica obligatoria para su madre, reconociendo la crisis del entorno familiar.

El caso se ventiló en una audiencia en el Juzgado Penal de Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Judicial Capital. El magistrado a cargo, Federico Moeykens, evaluaba la situación legal del menor cuando decidió profundizar en el contexto familiar que lo rodea.

Fue el testimonio de la madre del adolescente el que cambió el rumbo de la vista. Con crudeza, la mujer expuso ante el juez la desesperante realidad que vive su hogar, marcada por los consumos problemáticos de su hijo.

¿Qué dijo la madre en la audiencia?

La mujer confesó sentirse superada por la situación. Relató que ya no sabe cómo ayudar a su hijo y que siente haber perdido todas las herramientas para acompañarlo efectivamente. Admitió que el consumo de sustancias ha desbordado por completo la dinámica familiar, generando una crisis profunda.

Sus palabras, cargadas de angustia y desesperanza, resonaron en la sala. El juez Moeykens interpretó ese relato no solo como un contexto, sino como una variable central del problema. Determinó que el caso no podía ser abordado únicamente desde la órbita penal, sino que requería una intervención integral.

Las condiciones impuestas al adolescente

En base a esta perspectiva, el magistrado resolvió otorgar al joven imputado la suspensión del juicio a prueba por un plazo de un año. Esta medida alternativa no es un perdón, sino una oportunidad condicionada.

El adolescente deberá cumplir rigurosamente con tres pilares durante ese año: finalizar sus estudios escolares, realizar tareas comunitarias en una fundación y continuar de manera ininterrumpida su tratamiento por adicciones en el Centro de Adicciones del Hospital Avellaneda.

La orden judicial que sorprendió: asistencia para la madre

La decisión más novedosa e inusual de la audiencia estuvo dirigida a la progenitora. El juez Moeykens, tras escuchar su testimonio, dispuso de oficio que el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA) intervenga de manera obligatoria para brindarle asistencia psicológica y acompañamiento profesional.

La resolución judicial fundamenta esta medida en la necesidad imperiosa de fortalecer el entorno familiar del adolescente. La Justicia tucumana entendió, en este caso, que la contención y estabilidad del núcleo familiar son elementos clave e insustituibles para la recuperación y futura reinserción social del joven.

Para garantizar el cumplimiento de todo lo ordenado, el juez también requirió la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán (DINAyF). Este organismo deberá realizar un seguimiento activo y presentar informes periódicos sobre la evolución del caso durante todo el año de prueba fijado por el tribunal.

Este enfoque, que combina la responsabilidad penal del adolescente con un fuerte apoyo socio-sanitario a su familia, marca un precedente notable en el tratamiento judicial de casos de jóvenes en conflicto con la ley en la provincia.