Un juez frenó el cierre de una causa por estafa que involucra a una conocida cervecería

La Justicia rechazó el pedido de archivo de una causa penal por presunta estafa que tiene en el centro a una popular cervecería y bar. El expediente seguirá su curso tras una resolución judicial que cuestionó la falta de claridad investigativa.

El juez subrogante Raúl Armando Cardozo firmó la decisión que impidió el cierre del caso. El magistrado no coincidió con el criterio del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado declarar extinguida la acción penal por prescripción.

¿De qué se trata la denuncia?

Damián Luis Battaglia impulsó la denuncia contra Matías Gorban, Pablo Ariel Temkin, Mariano Elías Meik y Tomás Lichtmajer. El denunciante acusa a estos individuos de haberlo perjudicado económicamente en el marco de la constitución y funcionamiento de distintas sociedades comerciales.

Estas sociedades están ligadas al negocio cervecero y gastronómico, e incluyen a Porter Brewery SRL, Tucumán Brewing Company (TBC), Almazen y Lupoldo SAS. Battaglia asegura que el proyecto de Porter Brewery fue presentado inicialmente como un emprendimiento compartido.

Según su versión, al momento de formalizar la empresa, él habría quedado excluido de la estructura societaria, pese a haber realizado importantes inversiones. En la presentación judicial se menciona que aportó dinero e insumos para la puesta en marcha de Porter Brewery SRL.

Posteriormente, habría aportado más recursos para el desarrollo de Tucumán Brewing Company, una fábrica de cerveza artesanal. Pese a estos aportes, sostiene que nunca se le reconoció el lugar que le correspondía dentro del negocio.

¿Cuál es el núcleo de la acusación?

El corazón de la acusación gira sobre la supuesta existencia de una maniobra empresarial para excluir a Battaglia del negocio de Porter. Esta exclusión habría ocurrido mientras el emprendimiento continuaba funcionando y expandiéndose bajo otras estructuras societarias.

Según el planteo de la querella, con el paso de los años no sólo se habría mantenido esa exclusión, sino que además se habrían producido nuevas maniobras. Estas maniobras habrían tenido como objetivo impedirle acceder a utilidades, balances, documentación societaria y participación real dentro del negocio vinculado al bar y a la cervecería.

Uno de los puntos más delicados del expediente aparece en torno al año 2022. Battaglia aseguró que fue convocado a una escribanía para firmar una supuesta cesión de cuotas sociales que, en teoría, iba a regularizar su situación dentro de Porter Brewery SRL.

No obstante, según su denuncia, esa operación nunca se habría completado formalmente. La razón es que no se le entregó copia y tampoco se habría inscripto en el Registro Público de Comercio.

¿Por qué la Fiscalía quería cerrar el caso?

La Fiscalía había interpretado que el núcleo del conflicto penal se habría consumado entre 2016 y 2017. Por ello, consideró que el delito de estafa ya estaba prescripto. En otras palabras, entendió que lo ocurrido después eran apenas consecuencias posteriores de un hecho inicial ya agotado.

Pero el juez Cardozo no coincidió con ese criterio. En su resolución, sostuvo que no hay suficiente claridad ni profundidad investigativa como para cerrar la causa en esta etapa. Remarcó que lo denunciado podría no tratarse de un hecho aislado.

El magistrado señaló que podría tratarse de una sucesión de actos presuntamente conectados entre sí, algo que cambiaría por completo el cálculo del plazo de prescripción. En términos simples: si la supuesta maniobra para dejarlo afuera de Porter no terminó en 2017, sino que continuó con nuevas acciones en años posteriores, la causa no estaría necesariamente prescripta.

¿Qué falta investigar?

El juez también puso el foco en que la investigación aún necesita mayor profundización. Especialmente, para determinar cuándo comenzó y cuándo habría cesado realmente la conducta denunciada. Incluso advirtió que en el expediente no obran todos los informes actualizados necesarios para tomar una decisión definitiva sobre el cierre del caso.

En paralelo, la querella también había planteado la nulidad del requerimiento fiscal de sobreseimiento, pero ese pedido fue rechazado por el juez. Cardozo consideró que no se verificó una afectación concreta a los derechos procesales del denunciante.

Con este escenario, la causa ahora fue elevada al Fiscal de Cámara Penal de Apelaciones. Este funcionario deberá intervenir ante la discrepancia entre el criterio del fiscal de instrucción y el del juez.

Así, el expediente que involucra a la historia societaria detrás de Porter Brewery, uno de los nombres más conocidos del circuito cervecero tucumano, seguirá abierto y bajo revisión judicial. La resolución judicial asegura que el caso no se archiva y continúa su camino en una instancia superior.