Un juez federal tomó una decisión clave que podría cambiar las reglas de juego en una elección universitaria

La Justicia federal resolvió acelerar el trámite de una causa que busca definir si el actual rector puede presentarse a un nuevo mandato consecutivo, dejando el expediente en condiciones de sentencia sin abrirlo a prueba. Esta definición judicial impactará directamente en el proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y en la interpretación de su Estatuto, generando expectativa en la comunidad académica.

El juez federal Guillermo Díaz Martínez dispuso mediante una reciente providencia que, una vez cumplidos los plazos procesales vinculados a una excepción planteada, las actuaciones pasen directamente a despacho para el dictado de la resolución definitiva. El magistrado anticipó que en un mismo acto se pronunciará tanto sobre el fondo del planteo como sobre la medida cautelar solicitada.

De esta manera, dejó en claro que ambas cuestiones serán analizadas de manera conjunta, lo que acelera los tiempos de una causa que se proyecta sobre el proceso electoral universitario. El juez consideró que no es necesario abrir la causa a prueba, entendiendo que la controversia puede resolverse sobre la base de la documentación ya existente en el expediente.

¿Quiénes impulsaron la acción judicial?

El expediente se originó a partir de una acción declarativa de certeza promovida por los decanos Miguel Ángel Cabrera de la Facultad de Ciencias Exactas y Virginia Abdala de Ciencias Naturales. Los académicos contaron con el patrocinio del abogado Gonzalo Casas para solicitar a la Justicia que determine si el actual rector, Sergio José Pagani, está habilitado para presentarse a un nuevo mandato consecutivo.

El planteo sostiene que el Estatuto vigente establece un límite de dos períodos consecutivos para ejercer el rectorado, y que cualquier interpretación que habilite una nueva candidatura sería contraria a esa normativa. Los actores argumentaron la existencia de un “estado de incertidumbre jurídica” que, a su entender, afecta el desarrollo del proceso electoral y justifica la intervención judicial antes de la oficialización de listas.

¿Qué posición tomó la universidad?

A la acción principal se sumó un pedido de medida cautelar para impedir que se consolide una interpretación contraria al Estatuto durante los comicios. Sin embargo, la UNT, representada por su apoderado Jorge Chehín, rechazó tanto la demanda como la cautelar.

La casa de altos estudios sostuvo que no existe un caso concreto, sino una hipótesis eventual, ya que aún no se han oficializado candidaturas. En esa línea, advirtió que una intervención judicial en esta instancia implicaría una injerencia indebida en la autonomía universitaria.

En su presentación, la universidad afirmó que no hay una incertidumbre jurídica actual ni un acto que afecte derechos subjetivos, y que el proceso electoral se desarrolla con normalidad conforme al cronograma aprobado por sus órganos de gobierno. Además, alertó que una decisión judicial podría generar una “grave perturbación institucional” y reiteró que la interpretación del Estatuto corresponde, en primera instancia, a las propias autoridades universitarias.

¿Cuál fue el punto central del litigio?

Uno de los puntos centrales del litigio fue la excepción de falta de legitimación activa planteada por la UNT, que cuestiona la capacidad de los decanos para impulsar la acción. Esa defensa fue respondida por el abogado Gonzalo Casas, quien ratificó la legitimación de sus representados.

El letrado sostuvo que el conflicto no es abstracto ni prematuro, sino que impacta de manera directa en los derechos políticos de los decanos dentro del proceso electoral. También subrayó que la proximidad de los plazos para la inscripción de listas y la definición de candidaturas torna necesaria una resolución urgente, a fin de despejar cualquier ambigüedad interpretativa.

En ese sentido, argumentó que postergar la decisión podría trasladar el conflicto a una etapa más avanzada, con consecuencias potencialmente más graves para la institucionalidad. Con todos los elementos incorporados, el juez entendió que no resulta necesario producir nuevas pruebas.

Esta definición imprime mayor celeridad al trámite y deja a las partes a la espera de un fallo que será clave para el desarrollo de la elección. Mientras tanto, la figura del rector Sergio Pagani continúa en el centro del debate, aunque hasta el momento no ha confirmado si buscará una nueva postulación.

La inminencia de los plazos electorales y la falta de definiciones públicas aumentan la expectativa en torno a la decisión judicial, que no sólo impactará en la competencia interna de la UNT, sino también en los alcances de la autonomía universitaria y en la interpretación de sus normas estatutarias.