Un juez federal presentó su renuncia tras denuncias por mensajes en redes, pero el Gobierno no la aceptó de inmediato

Un magistrado federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, renunció a su cargo tras ser denunciado por publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales, pero el Gobierno evitó aceptar la dimisión de forma inmediata. En su lugar, solicitó al Consejo de la Magistratura información sobre el proceso disciplinario que enfrenta el juez por mal desempeño, lo que podría afectar su derecho a cobrar la jubilación.

López, titular del juzgado federal 4 de Mar del Plata, está a un paso de enfrentar un juicio político debido a las acusaciones de expresiones antisemitas y xenófobas difundidas a través de su cuenta de X. Según las denuncias, el magistrado insinuó que ser judío es incompatible con la identidad nacional y distinguió entre “judíos” y “argentinos”, utilizando conceptos denigrantes impropios de su función.

¿Qué contenían los mensajes del juez?

Entre las publicaciones cuestionadas, López afirmó que “Hamas es una creación de Israel” y que “Israel es una farsa”, además de replicar imágenes de un demonio y la parca sosteniendo banderas israelíes. También compartió amenazas de Irán contra el presidente Javier Milei. Estas acciones llevaron a organizaciones de la comunidad judía y otros particulares a presentar denuncias ante el Consejo de la Magistratura, argumentando que el juez utilizó la red social para difundir de manera sistemática expresiones que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro.

Los denunciantes proporcionaron capturas de pantalla certificadas de los posteos, reposteos y respuestas del usuario del juez, señalando que su conducta virtual configuró un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel, excediendo cualquier debate razonable sobre política internacional. En su defensa, López argumentó que sus expresiones fueron un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, que no constituyeron delito y que las organizaciones denunciantes carecen de legitimidad.

¿Por qué el Gobierno no aceptó la renuncia?

El Gobierno, al no aceptar en forma inmediata la dimisión del magistrado, preserva la potestad de llevar adelante procesos disciplinarios incluso si el funcionario busca retirarse antes de un fallo definitivo. Esto significa que, si la renuncia es rechazada y López es sometido a un juicio político que termina en su remoción, no cobrará la jubilación. En cambio, si la renuncia es aceptada, podrá acceder a su retiro.

El Consejo de la Magistratura deberá confeccionar y remitir un informe solicitado por el Poder Ejecutivo antes de que se decida sobre la dimisión de López. Este paso es imprescindible, ya que tras ello el Gobierno quedará en condiciones de definir si acepta o no la renuncia del magistrado. Así, el caso pasa a integrar el grupo de actuaciones recientes donde el Consejo evalúa la conducta extrajudicial de jueces y su coherencia con las exigencias del cargo.