Un juez federal hizo polvo un expediente millonario y la decisión involucra a figuras de alto perfil

En un giro judicial que dejó sin efecto una recuperación millonaria para el Estado, un juez federal anuló una megacausa de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. La decisión afecta a personajes de renombre internacional y revierte condenas y acuerdos previamente establecidos.

El juez federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, anuló completamente un expediente de lavado narco en el que el Estado argentino había recuperado aproximadamente tres millones y medio de dólares. Este caso, que estalló en 2016, involucraba a figuras de altísimo perfil, incluyendo la viuda del capo narco colombiano Pablo Escobar Gaviria, su hijo Sebastián Marroquín, el ex futbolista de Boca Mauricio “Chicho” Serna y el empresario Mateo Corvo Dolcet.

¿Quién era el testigo clave?

El testimonio central en esta causa provenía de José Piedrahita Ceballos, considerado el número tres del Cartel de Cali. Piedrahita había declarado como arrepentido ante fiscales argentinos y el juez federal de Morón, Néstor Barral, en Estados Unidos. Sin embargo, el juez De Giorgi anuló tanto esa declaración como el juicio abreviado que Piedrahita firmó, por el cual fue condenado a 5 años de prisión.

El argumento del juez se basó en que los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal Sebastián Basso, quienes viajaron a Estados Unidos, no podían indagar a Piedrahita mientras estaba preso, sino solo entrevistarlo. Esta decisión, aunque está sujeta a apelaciones, echó por tierra todo el proceso legal construido hasta ese momento.

María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín, la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria.

¿Cómo se desarrollaron los negocios?

Según la acusación de la Justicia, respaldada por la Unidad de Información Financiera (UIF), Piedrahita concretó negocios con Mateo Corvo Dolcet gracias a la intermediación de María Isabel Santos Caballero y su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos. Ambos habrían cobrado una comisión en dólares por esta operación, según documentos secuestrados en la causa.

Piedrahita explicó, tras ser detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, que Mauricio “Chicho” Serna actuaba como testaferro de Carlos Mario Aguilar (alias “Rogelio”), heredero de la Oficina de Envigado. Esta organización fue creada por Pablo Escobar y manejada por sus enemigos tras su muerte.

Mateo Corvo Dolcet, el empresario acusado de lavar dinero para narcos colombianos.

Según Piedrahita, fue él quien pagó los abogados de “Rogelio” cuando este decidió entregarse a la DEA, con negociaciones realizadas en Buenos Aires. Luego, cuando Piedrahita necesitó dinero para invertir en sociedades argentinas, utilizó el capital de esa deuda: Aguilar la pagó con propiedades que Serna tenía a su nombre en Argentina, pero que en realidad pertenecían a “Rogelio”.

¿Qué pasó con la declaración de Piedrahita?

Todos estos detalles constan en la elevación a juicio firmada por el juez Barral, solicitada por los fiscales Santiago Marquevich de Morón y Diego Iglesias de la Procunar. Posteriormente, el abogado de Corvo Dolcet, Mariano Cúneo Libarona, logró que el expediente pasara a Comodoro Py.

Piedrahita brindó su declaración a mediados de 2019 en Estados Unidos, donde viajaron fiscales argentinos para tomarla. Inicialmente, su identidad fue ocultada bajo el rótulo “imputado colaborador A”, pero él mismo levantó este recaudo, dejando claro qué contó y cuándo lo hizo.

José Bayron Piedrahita Ceballos, el narco colombiano con vínculos en la Argentina.

Su declaración fue fundamental para anclar la acusación contra los otros imputados y se convirtió en pieza clave de un juicio penal abreviado firmado a fines de 2019. Este juicio se realizó de manera singular mediante videollamada entre Buenos Aires y Estados Unidos.

Según los términos de ese juicio abreviado, Piedrahita aceptó su culpa, reveló detalles de su vida en el narcotráfico colombiano—llegando a producir 500 kilogramos diarios de cocaína—y brindó precisiones sobre sus negocios en Argentina. Como parte del acuerdo, entregó acciones de sus empresas en el país por valor de casi cuatro millones de dólares.

Esta entrega permitió que un enorme edificio construido por la sociedad Pilar Bicentenario quedara en manos del Estado y fuera utilizado para la contención del COVID-19 durante la pandemia. Ahora, con la anulación del juez De Giorgi, todo este proceso y sus resultados quedan en suspenso, pendientes de las apelaciones que se presentarán.