Un jefe de ARCA denunció una oferta millonaria por un fallo judicial y ahora la fiscalía pide indagar al presunto intermediario

Un funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció haber sido contactado para pagar hasta 180.000 dólares a cambio de resoluciones judiciales favorables en una causa que involucraba a su hijo. Tras 11 meses de investigación, el fiscal federal Agustín Chit solicitó la indagatoria de Luis Alejandro Ontiveros, acusado de tráfico de influencias agravado, en un caso que involucra a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

La denuncia fue presentada el 29 de abril de 2025 por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de ARCA. Según su relato, Ontiveros, a quien identificó como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, le ofreció influir en decisiones judiciales a cambio de dinero.

¿Cómo comenzó todo?

El primer contacto presencial ocurrió en marzo de 2023 en un bar del microcentro tucumano. Ontiveros, según la denuncia, pidió al funcionario que apagara su teléfono y luego le manifestó que, a cambio de 100.000 dólares, podía “encargarse del sobreseimiento” de su hijo Jerónimo Martínez Parada, quien estaba siendo investigado en Catamarca.

Para dar verosimilitud a su ofrecimiento, Ontiveros aseguró que su esposa, Solana Casella, trabajaba como relatora del camarista Mario Leal. La fiscalía logró corroborar esta reunión mediante peritajes telefónicos que ubicaron a ambos en la cuadra exacta del bar el 10 de marzo de 2023.

La investigación se intensifica

Después de dos años sin contacto, Ontiveros volvió a comunicarse con Martínez Salazar Pérez el 15 de abril de 2025, citándolo a una reunión en Yerba Buena. Allí, dentro de un automóvil, le dijo: “Ya sabés cómo es esto, tenemos lo de tu hijo para resolver, son ochenta mil dólares”.

Este ofrecimiento estaba vinculado a un incidente procesal sobre la prisión preventiva del imputado. Ontiveros sostuvo que su esposa tenía el expediente para relatar y que los votos estaban “tres a dos en contra”, pero que podían revertirse si el pago se concretaba de inmediato.

La fiscalía acreditó esta reunión mediante capturas de chats, imágenes encontradas en el teléfono del imputado, geolocalización precisa, análisis de antenas y registros de cámaras. Se comprobó que Ontiveros utilizó un Toyota Corolla Cross blanco, dominio AF611UM, cuya titularidad corresponde al camarista Mario Leal.

La red de relaciones

La investigación reveló una compleja red de vínculos. Ontiveros había trabajado en ARCA hasta febrero de 2023 y era presentado como “sobrino” de Mario Leal, incluso por el propio camarista. Su esposa, Solana Casella, es relatora exclusiva de la vocalía de Leal, aunque según un informe no le habían asignado la causa del hijo del denunciante.

Sus hermanos, Gustavo Ramón y Mario Rubén Ontiveros, se desempeñan como secretarios privados del mismo magistrado. Ontiveros utilizaba vehículos del juez, tenía poder amplio de administración otorgado por Leal, y hasta gestionaba tarjetas de crédito a nombre del camarista, haciéndose pasar por él.

Las pruebas acumuladas

El Ministerio Público acusó a Ontiveros de haber realizado al menos tres ofrecimientos concretos entre marzo de 2023 y abril de 2025, solicitando primero 100.000 dólares y luego 80.000 dólares. Las pruebas incluyen reuniones presenciales, mensajes de audio, chats, pericias informáticas, geolocalización, análisis de antenas, registros fílmicos y documentación judicial.

Durante una requisa ordenada por el Juzgado Federal N.º 2, Ontiveros intentó ocultar su teléfono, entregándolo a su hermano. Luego, ya con el dispositivo en su poder, desinstaló deliberadamente WhatsApp y Telegram minutos después de la orden judicial, lo que para la fiscalía constituye una obstrucción de la investigación.

La posición de la defensa

La defensa, representada por el abogado Miguel Ángel Pierri, niega las acusaciones, denunciando un “montaje” con fines políticos para afectar la candidatura de Solana Casella como jueza federal. Sobre los audios y grabaciones, un informe pericial de Gendarmería habría calificado los audios como “inaudibles”.

Casella alega que estaba de licencia en el periodo crítico, lo que, según su defensa, la imposibilita de haber intervenido en la causa denunciada. Ontiveros, en notas enviadas a La Gaceta, rechazó todas las acusaciones y deslindó responsabilidades tanto de su esposa como del camarista Mario Leal.

¿Qué sigue ahora?

El fiscal Chit solicitó la citación a declaración indagatoria de Ontiveros, acusado de tráfico de influencias agravado por haber ofrecido ejercer presión sobre la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán a cambio de sumas en dólares. El juez federal José Manuel Díaz Vélez deberá resolver en los próximos días si accede al pedido.

Antes de resolver el pedido de indagatoria, el juez debe resolver un planteo de recusación planteado por la defensa de Ontiveros contra el propio fiscal. Díaz Vélez fue confirmado en la investigación por los miembros de la Cámara Federal, integrada por Ana Carina Farías, Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, ya que los titulares se excusaron de resolver por la situación de su par Mario Leal.

Hasta el momento, ni Casella, ni Leal, ni los hermanos de Ontiveros están bajo investigación formal. El Ministerio Público fue explícito en aclarar que, por ahora, solo se imputa a Ontiveros, aunque subrayó que utilizó su cercanía real con el juez para ofrecer influencias indebidas.