Un informe técnico reveló una falla crítica en un edificio judicial: el gremio tomó una medida extrema

Un diagnóstico alarmante sobre el sistema eléctrico de un tribunal federal llevó al gremio de empleados a solicitar su cierre inmediato. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) elevó un pedido formal a la presidenta del tribunal, la jueza Carina Farias, tras recibir un informe de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) que advierte sobre riesgos graves.

El documento técnico describe que las acometidas del edificio presentan un avanzado estado de deterioro y no reúnen condiciones de seguridad para su funcionamiento. Según la empresa, las instalaciones “se encuentran deterioradas e inseguras para la operación”, lo que implica un riesgo generalizado en toda la estructura eléctrica.

La advertencia no se limita a fallas técnicas. EDET alertó que, en las condiciones actuales, “bajo circunstancias no deseadas” podrían producirse accidentes de electrocución y/o incendios. Esta precisión eleva la gravedad del problema al plano de la seguridad física del personal y del público que transita diariamente por el lugar.

¿Qué plazo fijaron las autoridades?

Como parte de sus conclusiones, la empresa distribuidora estableció un plazo de 72 horas para la normalización de la acometida eléctrica. En caso de incumplimiento, dejó abierta la posibilidad de interrumpir el suministro, una medida que paralizaría por completo la actividad del tribunal.

El trasfondo de este diagnóstico se refleja en episodios recientes. Según la presentación gremial, en las últimas semanas se registraron reiterados cortes de energía originados en fallas internas del edificio ubicado en Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Aunque el servicio fue restituido en cada ocasión, la recurrencia confirmó que el sistema opera al límite.

¿Cómo respondió el gremio?

La UEJN decidió avanzar con un planteo de máxima: el cierre preventivo del edificio y la adopción de un esquema de trabajo remoto. La solicitud está firmada por el secretario general Julio Piumato, la secretaria gremial Mara Fernández, el subsecretario gremial Mauricio Squadrato y el secretario regional adjunto Ignacio García Mena.

Los representantes gremiales invocaron la necesidad de preservar la salud y la seguridad de trabajadores y ciudadanos. Remarcaron que la situación compromete a cualquier persona que ingrese o circule por el lugar, configurando un escenario de riesgo inaceptable debido a la combinación de instalaciones defectuosas y alta circulación diaria.

En paralelo, la Intendencia de la Cámara Federal ya había reconocido la existencia de problemas en el suministro, lo que refuerza la consistencia del diagnóstico técnico. Sin embargo, la falta de una solución estructural aceleró el reclamo gremial y lo llevó a plantear esta medida excepcional.