Un giro judicial inesperado: el tiempo podría salvar al acusado en el emblemático caso Lebbos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán enfrenta una decisión crucial que podría cambiar el rumbo de una de las causas más emblemáticas de la provincia. El futuro procesal de Sergio Kaleñuk, acusado de encubrimiento agravado en el caso Paulina Lebbos, depende ahora de un debate estrictamente jurídico sobre el paso del tiempo. Con el Ministerio Público Fiscal y uno de los vocales del tribunal de juicio coincidiendo en que el delito ya prescribió, el Máximo Tribunal provincial debe resolver si corresponde declarar extinguida la acción penal y sobreseer al imputado.

¿Un juicio que podría no comenzar?

La Cámara Penal Conclusional ya había fijado fecha de debate para el 2 de marzo, donde se enjuiciaría a César Soto como presunto autor del crimen y a Kaleñuk por encubrimiento agravado. Sin embargo, el planteo de la defensa, llevado a la Corte por el abogado Patricio Char, puso todo en suspenso. La discusión no gira sobre los hechos atribuidos, sino sobre si el plazo máximo de prescripción ya se venció.

La defensa sostiene con firmeza que los hechos imputados a Kaleñuk ocurrieron entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2006. Sin embargo, la primera citación a declaración indagatoria recién se produjo en febrero de 2021. Según los cálculos de Char, “desde la fecha del hecho imputado hasta la primera citación a indagatoria habían transcurrido exactamente catorce años y trescientos sesenta y cuatro días”, superando ampliamente el plazo de prescripción para un delito con pena máxima de seis años.

La condición de funcionario público: ¿clave o irrelevante?

Durante años, la acusación sostuvo que la prescripción se encontraba suspendida porque Kaleñuk revestía la calidad de empleado público al momento de los hechos. Este argumento fue central para que la Cámara Penal Conclusional, con el voto mayoritario de los vocales Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, rechazara el pedido de sobreseimiento.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de Cámara, a través del fiscal Daniel Marranzino, presentó un dictamen que cambió el panorama. Marranzino afirmó categóricamente que “la acción penal respecto del ciudadano Sergio Kaleñuk se encuentra prescripta” y que “corresponde dictar el sobreseimiento”. Su argumento fue contundente: para suspender la prescripción no basta con ser empleado público; el delito debe haber sido cometido en ejercicio de sus funciones, requisito que -según el fiscal- no se cumple en este caso.

Una disidencia que hace historia

La posición del Ministerio Público no estuvo sola. Dentro del propio tribunal de juicio, el vocal Fabián Fradejas votó en disidencia y coincidió plenamente con la defensa y con Marranzino. En un voto que podría ser determinante, Fradejas sostuvo que “el artículo 67 del Código Penal es claro: la prescripción sólo se suspende cuando el delito es cometido en el ejercicio de la función pública”.

El magistrado fue aún más específico al analizar la imputación concreta: “De la plataforma fáctica y de la calificación legal no surge que Sergio Hernán Kaleñuk haya cometido el delito en el ejercicio de sus funciones”. Y agregó un detalle crucial: “El hecho que se le atribuye -ayudar a ocultar pruebas y colaborar con un particular- no fue descripto como un acto funcional, sino como una conducta privada”.

El trasfondo de una causa que conmovió a Tucumán

Kaleñuk está acusado de haber colaborado con Víctor César Soto para ocultar el crimen de Paulina Lebbos, trasladar el cuerpo y eliminar pruebas en los días posteriores al asesinato ocurrido en 2006. La fiscalía de instrucción, a cargo de Carlos Sale, sostuvo que Soto recurrió a él “para obtener impunidad”, precisamente por su vínculo con el poder político y policial de la época.

Ahora, casi dos décadas después del crimen que conmocionó a la provincia, la definición queda en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El fallo que adopte no sólo determinará el futuro procesal de Sergio Kaleñuk, sino que volverá a poner bajo la lupa uno de los capítulos más sensibles y controvertidos del caso Paulina Lebbos. Con posiciones abiertamente enfrentadas dentro del propio tribunal y el Ministerio Público pidiendo el cierre del caso, la semana promete una definición histórica para la justicia tucumana.