Un gesto inesperado del oficialismo habilita un duro interrogatorio a la ministra de Educación de Tucumán
¿Por qué legisladores oficialistas dieron paso libre a un cuestionamiento sin precedentes a la gestión de Educación? Los detalles del proyecto que expone el estado crítico de las escuelas tucumanas y una presunta irregularidad que dejó a docentes en el limbo.
En un movimiento que tomó por sorpresa a la legislatura, varios diputados del bloque oficialista del PJ levantaron la mano para permitir el debate de un proyecto que busca interpelar a la ministra de Educación, Susana Montaldo. La iniciativa, impulsada por la radical Silvia Elías de Pérez, obligará a la funcionaria a dar explicaciones sobre el crítico estado de las escuelas y la situación docente en la provincia. Este inesperado apoyo garantiza que la educación será el tema central de la próxima sesión.
La votación de la moción de preferencia tuvo una dinámica particular durante la sesión del jueves. Aunque el pedido fue comunicado al inicio, su tratamiento se definió en los tramos finales, cuando legisladores peronistas dieron su aval. Este gesto político del oficialismo asegura que el proyecto de Elías de Pérez sea el primero en tratarse en la próxima reunión de la Cámara.
¿Qué deberá explicar la ministra Montaldo?
El proyecto de resolución exige a la ministra comparecer para “brindar explicaciones precisas y documentadas respecto de la situación institucional de las escuelas y personal docente de la provincia”. El pliego de interpelación detalla una serie de puntos críticos que la gestión deberá responder de manera exhaustiva.
En primer lugar, se reclama un informe completo sobre “el estado edilicio de las escuelas y de infraestructura de los establecimientos educativos de la provincia en general”. La preocupación central son “las razones por las cuales subsisten escuelas con riesgo estructural, incluyendo techos en peligro de derrumbe, instalaciones eléctricas deficientes, falta de ventilación, calefacción y sanitarios en condiciones adecuadas”.

Momento en el cual varios legisladores del PJ (sector izquierdo) avalan la moción realizada por Elías de Pérez.
Asimismo, Montaldo deberá precisar qué obras fueron ejecutadas, cuáles están postergadas y cuáles son los criterios de priorización presupuestaria utilizados por su cartera. La iniciativa también pone el foco en casos puntuales de establecimientos que enfrentan situaciones de cierre o reestructuración, como la Escuela Fray Pedro Zavaleta.
Para este establecimiento, se solicitan las razones técnicas de su cierre, el grado de avance financiero de las obras y un “cronograma cierto de finalización de las intervenciones necesarias para su reapertura”. Peticiones similares se extienden a las escuelas N° 346 Ángel Custodio Bustos y N° 227 de El Vizcacheral.
La crisis docente y una presunta irregularidad administrativa
Otro eje fundamental del pliego se refiere a la gestión del recurso humano. La legisladora busca conocer la cantidad de cargos vacantes al inicio del ciclo lectivo y las razones por las cuales existen “divisiones sin maestro titular y personal auxiliar cumpliendo funciones docentes”.
En los fundamentos del proyecto, se resalta que la educación es un derecho humano que el Estado debe garantizar en condiciones de “igualdad, dignidad y seguridad”. El documento advierte que la persistencia de deficiencias graves representa un riesgo físico para toda la comunidad educativa tucumana.

Al inicio de la sesión, la radical exhibió los múltiples pedidos de informes a Educación para fundamentar la interpelación a Montaldo.
Finalmente, el pedido de interpelación hace hincapié en una presunta irregularidad administrativa de gravedad. Se señala el vencimiento de la Resolución N.° 0648, que regulaba las adscripciones docentes, ocurrido el 28 de febrero de 2026.
Según el proyecto, el Ministerio de Educación no procedió a su renovación o adecuación en tiempo y forma. Esta omisión habría provocado que numerosos docentes no retornaran a sus escuelas de origen, generando “situaciones de acefalía pedagógica, desorganización institucional y sobrecarga laboral para el personal que permaneció en funciones”.
Para la autora del proyecto, Silvia Elías de Pérez, el régimen de adscripciones debe ser excepcional. Su uso sin la debida previsión termina “afectando el normal funcionamiento de las escuelas, en perjuicio tanto de los docentes como de los alumnos”. Con la preferencia ya votada, la ministra Susana Montaldo queda ahora a las puertas de un exhaustivo examen legislativo que pondrá a prueba la gestión del sistema educativo provincial ante los ojos de todos los tucumanos.
Fuente: Tendencia en Noticias
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