Un funcionario ofreció reparar un caso judicial, pero su propuesta fue rechazada por una razón clave

El fiscal federal Agustín Chit rechazó la propuesta de reparación integral presentada por el secretario de Energía de la Provincia, Martín Sebastián Viola, en una causa por presunto uso ilegítimo del DNI de un tercero para publicaciones difamatorias. Con esta decisión, se cerró la posibilidad de una salida alternativa y el expediente continuará su curso en la Justicia Federal, donde Viola deberá prestar declaración indagatoria como imputado.

La resolución se produjo luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal considerara insuficiente el resarcimiento ofrecido por Viola y advirtiera que no se habían cumplido las disculpas públicas que formaban parte de las condiciones planteadas en la instancia de mediación.

¿Cómo comenzó la investigación?

La causa se originó a partir de comentarios publicados en el diario La Gaceta contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis, que habrían sido realizados desde una cuenta digital creada con el DNI de Julián Echazú Toneatti. Según surge de la investigación, la suscripción utilizada para efectuar esas publicaciones fue abonada con una tarjeta de crédito vinculada a Viola y la cuenta se habría activado desde una dirección IP asociada al funcionario.

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, la Fiscalía también tomó en cuenta que tanto el imputado como la víctima residían en el mismo edificio, lugar en el que Echazú Toneatti había denunciado tiempo atrás la pérdida de su billetera con el documento nacional de identidad. Desde el inicio del expediente, Viola negó haber cometido el hecho y sostuvo que había sido víctima de un hackeo de sus cuentas bancarias, hipótesis con la que buscó desligarse del pago de la suscripción y de la maniobra investigada.

¿Qué condiciones no se cumplieron?

Durante una audiencia de acercamiento, la Fiscalía le había dado a Viola la posibilidad de cerrar el conflicto mediante una reparación integral. Esa salida incluía dos condiciones centrales: por un lado, la publicación de disculpas públicas en el mismo medio en el que se habían difundido los agravios; por otro, un aporte económico significativo destinado a colaborar con los damnificados por las inundaciones en el sur de Tucumán.

Sin embargo, al momento de formalizar su propuesta por escrito, la defensa del funcionario no incluyó las disculpas públicas y ofreció una suma que el fiscal consideró “absolutamente insuficiente” en relación con la gravedad del caso y el perjuicio ocasionado. Ese incumplimiento derivó en el rechazo de la reparación y en el pedido formal de clausura de la mediación.

Para la querella, la postura de Viola implicó un intento de evitar el avance penal sin asumir responsabilidad por los hechos investigados.

¿Qué dijo la representante legal de la víctima?

La abogada Stella Belén Salas, representante legal de Echazú Toneatti, ratificó su rechazo al acuerdo y pidió que la investigación continúe hasta sus últimas consecuencias. Según sostuvo, no corresponde cerrar un expediente de esta naturaleza con una propuesta que, a su criterio, no repara ni el daño moral ni el perjuicio institucional que generó la maniobra denunciada.

La letrada remarcó además que el uso indebido de la identidad de una persona para intervenir en un debate público y atacar a un tercero constituye un hecho de especial gravedad, sobre todo cuando el acusado ocupa un cargo de relevancia dentro del Estado provincial.

En esa línea, la querella insistió en que deben completarse todas las medidas de prueba para esclarecer cómo se produjo la utilización del DNI de Echazú Toneatti y para determinar con precisión las responsabilidades penales correspondientes.

¿Qué pasos judiciales siguen ahora?

Con la instancia de acuerdo frustrada, la causa vuelve a tomar impulso en el Juzgado Federal N° 2, actualmente a cargo del juez subrogante Guillermo Díaz Martínez, que deberá avanzar con el llamado a indagatoria de Viola.

En términos procesales, ese paso implica que el funcionario será citado formalmente para ejercer su defensa como imputado en el marco de una investigación penal ya encaminada. A partir de esa audiencia, el magistrado podrá evaluar si corresponde profundizar la acusación y eventualmente dictar nuevas resoluciones en el expediente.

La investigación se apoya en informes técnicos, registros bancarios y peritajes informáticos que, según la Fiscalía, sostienen la hipótesis de una maniobra de uso ilegítimo de identidad digital. En ese contexto, el rechazo del acuerdo no solo complica la situación judicial del secretario de Energía, sino que también deja a la causa en una etapa decisiva.

El expediente, además, abrió una discusión más amplia sobre los límites del anonimato digital, la responsabilidad por el uso indebido de datos personales y el impacto institucional que puede tener una maniobra de este tipo cuando involucra a un funcionario público en ejercicio.