Un funcionario clave no pudo asumir su cargo por una decisión que la Justicia acaba de anular
Una decisión judicial acaba de cambiar todo para un funcionario que llevaba meses esperando asumir. ¿Qué argumentos usó la Justicia para anular la resolución que lo mantenía fuera de su cargo?
La Justicia tucumana tumbó una resolución que impedía a un funcionario asumir un cargo clave en la Municipalidad capitalina. La Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio Público Fiscal dictar un nuevo acto para otorgar la licencia necesaria, declarando nula la negativa anterior.
El fallo, emitido por los jueces Ebe López Piossek y Sergio Gandur de la Sala III, establece que el organismo fiscal debe resolver nuevamente “conforme a derecho”. La sentencia declara la nulidad de la resolución que rechazó el pedido de licencia de Javier Eduardo González.
González, funcionario de planta permanente del MPF, había sido designado en noviembre de 2025 por la intendenta Rossana Chahla para asumir como secretario de Ordenamiento y Convivencia de la Municipalidad capitalina. Sin embargo, no pudo tomar posesión del cargo debido a la negativa del Ministerio Público Fiscal, conducido por Edmundo Jiménez.
¿Qué argumentó el Ministerio Público Fiscal?
El organismo había “rechazado la licencia argumentando razones de servicio”, según consta en los documentos judiciales. Esta decisión fue la que impidió que González pudiera ejercer las funciones para las que fue designado desde noviembre pasado.
La Justicia consideró que esa decisión “carecía de sustento legal” y remarcó que el derecho a la licencia está expresamente previsto en la normativa vigente. El tribunal sostuvo que “no se trata de una facultad discrecional sino de un derecho reconocido por ley”, por lo que su denegatoria resultó ilegítima.
¿Qué precedentes citó la Justicia?
El tribunal señaló que “existen antecedentes dentro del propio Poder Judicial donde se otorgaron licencias en situaciones similares”, lo que refuerza el principio de igualdad ante la ley. Esta consideración fue clave para el fallo que ahora obliga al MPF a emitir una nueva resolución.
De acuerdo a lo resuelto, el MPF deberá emitir una nueva resolución ajustada a la normativa, lo que abriría la puerta para que González finalmente pueda asumir en la función municipal para la que fue designado.
Según pudo saber Tendencia de Noticias, la notificación de la sentencia impactó de manera automática en el sistema digital. “El Ministerio Público ya tiene que haber sido notificado… Ahora debe dictar un nuevo acto administrativo otorgando la licencia”, explicó una fuente judicial.
¿Qué revela este fallo sobre tensiones institucionales?
El caso también suma un nuevo capítulo de tensión institucional, ya que desde noviembre el funcionario no pudo ejercer el cargo por la falta de autorización formal, en una situación que su entorno atribuye a una “decisión arbitraria dentro del organismo judicial”.
La resolución judicial fija un criterio sobre los límites de las facultades del Ministerio Público Fiscal frente a derechos reconocidos por ley, en un escenario donde se cruzan la estructura judicial y la gestión política municipal.
¿Qué funciones tendrá en el municipio?
La Secretaría de Ordenamiento y Convivencia tendrá como misión promover el ordenamiento urbano mediante políticas de control y fiscalización, la gestión de infracciones y multas, y acciones orientadas a garantizar transparencia.
En ese marco, el organismo buscará “consolidar un modelo de gestión que ordene el espacio público”, mejore la convivencia y promueva una cultura ciudadana basada en la responsabilidad compartida.
El área también tendrá como eje fortalecer el cumplimiento efectivo de sanciones, apuntando a generar mayor control en aspectos que impactan en la vida cotidiana, como el tránsito y el cuidado ambiental. Para ello, se prevé la “utilización de herramientas tecnológicas y una fuerte presencia territorial”.
La noticia fue originalmente publicada por Tendencia en Noticias.
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