Un fiscal pidió licencia para un nuevo cargo y lo que respondió su jefe desató una batalla judicial

La creación de una nueva Secretaría municipal quedó en el centro de una disputa legal cuando el funcionario designado para conducirla enfrentó un rechazo a su solicitud de licencia, forzando una intervención judicial que anuló la decisión de sus superiores. La controversia involucra al fiscal auxiliar Javier González, nombrado mediante el Decreto Municipal N° 0580 firmado en noviembre por la intendenta Rossana Chahla, y cuestiona los límites de las facultades administrativas sobre los derechos de los agentes públicos.

Para asumir el cargo en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, González solicitó una licencia sin goce de haberes en el Ministerio Público Fiscal (MPF), donde se desempeña actualmente. Ante la falta de una respuesta inmediata, promovió una acción de amparo, argumentando que su pedido estaba siendo evaluado sin una resolución clara.

¿Qué fundamentó el rechazo del Ministerio Público Fiscal?

En febrero, una resolución firmada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez rechazó la solicitud de licencia. El pronunciamiento sostuvo que el otorgamiento de licencias es una facultad discrecional, orientada a resguardar el interés público y la continuidad del servicio de justicia.

Se argumentó que resultaba incompatible debido a las funciones consideradas críticas que cumple González dentro de la institución. Además, se remarcó que el derecho invocado no tiene carácter absoluto ni implica una obligación automática para la administración, basándose en las necesidades del servicio.

¿Cómo resolvió la justicia este conflicto?

La controversia llegó a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por los jueces Ebe López Piossek y Sergio Gandur. El tribunal resolvió hacer lugar al planteo del fiscal auxiliar, declarando la nulidad de la resolución del MPF.

Consideraron que fue ilegítima, al restringir un derecho previsto en la normativa sin fundamentos suficientes ni debidamente acreditados. Tras el fallo, González —representado por el abogado Alejandro Vittar Escalante— expresó su conformidad con la decisión judicial, sosteniendo que reafirma principios básicos del Estado de Derecho y delimita los alcances de las facultades administrativas.

¿Qué sucede ahora con la asunción del cargo?

De todos modos, su asunción en la estructura municipal aún no está definida. Para que pueda concretarse, deberá dictarse una nueva resolución que autorice la licencia o, en su defecto, que la disputa escale a la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de la postura que adopte el MPF frente a la sentencia.

En paralelo, desde el municipio avanzan con la planificación de la nueva Secretaría de Ordenamiento y Convivencia. El secretario general Rodrigo Gómez Tortosa explicó que la iniciativa responde a cambios en las dinámicas sociales y a una demanda creciente de los ciudadanos por reglas claras, procedimientos simples y canales de atención accesibles.

¿Cuáles serán las funciones de esta nueva dependencia?

Según detalló, el área tendrá entre sus funciones ordenar el tránsito, fiscalizar el cumplimiento de normas contravencionales, intervenir en el uso del espacio público y aportar al desarrollo del nuevo Código de Planeamiento Urbano. También se analiza que concentre organismos como el Tribunal de Faltas, la Fiscalía Ambiental, la Patrulla de Protección Ciudadana y la Dirección de Vía Pública, con el objetivo de centralizar áreas vinculadas al contacto directo con la comunidad.

Desde el Ejecutivo municipal aclararon que la creación de esta secretaría no implicará un aumento en la estructura, ya que se compensará con la reducción de otras áreas como Institucionales, Capital Humano y Cultura. En cuanto al conflicto con el MPF, Gómez Tortosa defendió la postura del funcionario designado al señalar que el pedido de licencia se ajusta a prácticas habituales dentro de la administración pública.

Además, subrayó la importancia de incorporar perfiles técnicos con experiencia para fortalecer la gestión estatal y brindar respuestas más eficientes a las demandas sociales. González, abogado y magíster en Políticas Públicas, cuenta con antecedentes en la administración pública y en el Poder Judicial. Tras su designación, manifestó su expectativa de asumir el cargo con un enfoque de cercanía, transparencia y responsabilidad, en línea con los lineamientos de la actual gestión municipal.