Un fallo judicial frenó en seco la jugada del oficialismo en la comisión que elige al Defensor del Niño

La reunión clave de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue suspendida. La decisión llegó después de que un juez anulara la integración de la comisión, impulsada por una denuncia de la oposición que denunció arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.

¿Qué pasó con la reunión?

Los representantes de La Libertad Avanza en la comisión, presidida por la senadora Vilma Bedia, decidieron suspender el encuentro que tenía como objetivo elaborar el reglamento para un nuevo concurso para seleccionar al Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. La medida ya había generado polémica entre organizaciones de derechos de los menores.

El fallo que lo cambió todo

Los senadores Pablo Bensusán y Anabel Fernández Sagasti presentaron una acción de amparo que el juez Enrique Lavié Pico hizo lugar. El magistrado anuló el decreto de integración de la Comisión Bicameral. “No discutíamos un cargo ni una formalidad. Defendimos algo esencial: que una comisión encargada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes respete la ley, los reglamentos y la representación democrática del Senado”, señaló Bensusán.

En la presentación, los legisladores peronistas aclararon que la Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños exige que la Bicameral se integre “respetando la proporción de las representaciones políticas. Sin embargo, dos bloques con la misma cantidad de senadores tuvieron un trato completamente distinto”.

El fallo del juez Lavié Pico detalló que la resolución 32/2026 de la presidencia del Senado “fue dictado al margen de la normativa que determina la representación proporcional de los sectores políticos de la H. Cámara de Senadores, al designar a dos representantes de uno de los bloques mayoritarios y ninguno del bloque al que pertenecen los actores, siendo que ambos poseen la misma cantidad de senadores”.

¿Cómo estaba compuesta la comisión?

La resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel estableció que los cinco representantes del Senado son Vilma Bedia y Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza); Gabriela Valenzuela (UCR); Victoria Huala (Pro) y un representante para el Justicialismo que aún está vacante. Por Diputados, según la resolución de Martín Menem, son tres libertarios: Nicolás Mayoraz, Soledad Mondaca y Santiago Santurio; y dos para Unión por la Patria: Juan Carlos Molina y Blanca Osuna.

Rechazo de las organizaciones

Las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes emitieron un duro comunicado. Denunciaron que los cambios que estudia La Libertad Avanza, como la eliminación del examen escrito y el orden de mérito, son violatorios a la ley. Para los firmantes, la intención del oficialismo es vaciar de contenido el “concurso público de oposición de antecedentes”.

Las organizaciones destacaron que, para la selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, el concurso público incluye examen escrito, evaluación de antecedentes, entrevista personal y una “prueba de oposición” con puntaje y orden de mérito. Lo mismo ocurre para fiscales y defensores. En cambio, procesos sin examen escrito son los del Defensor del Pueblo, el Procurador Penitenciario y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, porque la ley no exige concurso público.

El documento lleva las firmas de Eduardo Ferreyra (ACIJ), Alejandra Perinetti (Aldeas Infantiles SOS), Dana Borzese (Doncel), Natalia Gherardi (ELA) y Mabel Bianco (FEIM), entre otros.

El concurso anulado

En mayo, La Libertad Avanza dejó sin efecto la elección y designación de María Paz Bertero, abogada cercana a Axel Kicillof, como defensora del Niño, y llamará a un nuevo concurso con nuevo reglamento. Su nombramiento había sido ratificado por la Cámara de Diputados con los votos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, radicales críticos, la Coalición Cívica y algunas fuerzas provinciales.

La resolución firmada por los diputados libertarios Santurio, Mondaca y Mayoraz, y las senadoras Bedia, Márquez, Álvarez Rivero y Huala, señala: “Dar por finalizada la vigencia del Concurso Público de antecedentes y oposición año 2025 para la designación del Defensor de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, y agrega la implementación de mecanismos para convocar a un nuevo concurso.

El proyecto de nuevo reglamento también condiciona la participación de niñas, niños, adolescentes y organizaciones mediante un “Registro Especial de Participación Ad Hoc”, restringiendo el derecho a peticionar protegido por el artículo 14 de la Constitución.