Un excompañero de trabajo se hizo pasar por abogado y le sacó una fortuna a una mujer despedida

Un hombre de 41 años fue imputado por estafa tras ser acusado de hacerse pasar por abogado para engañar a una ex compañera de trabajo y obtener millonarias sumas de dinero. La causa es investigada por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila.

Según la teoría del caso, entre junio y octubre de 2025 el acusado habría desplegado una maniobra fraudulenta aprovechándose de la confianza de la víctima. De acuerdo con la imputación, el sospechoso contactó a la mujer un mes después de que fuera despedida y le ofreció asesoramiento jurídico en un supuesto juicio por despido laboral, pese a no contar con título habilitante.

Además, le propuso gestionar trámites relacionados con una certificación de discapacidad y el acceso a una pensión. Convencida de que se trataba de un profesional, la denunciante realizó 16 transferencias bancarias que totalizaron 17 millones de pesos.

¿Qué medidas tomó la justicia?

La auxiliar de fiscal Emely Rafael solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses, con el objetivo de resguardar la investigación y evitar entorpecimientos. El planteo fue aceptado por el juez interviniente, por lo que el imputado continuará el proceso en libertad, pero sujeto a restricciones judiciales mientras avanza la causa.

El caso expone una modalidad de estafa que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas en momentos críticos, como la pérdida del empleo. La investigación sigue su curso bajo la órbita de la fiscalía especializada en delitos económicos y cibernéticos.

Las autoridades judiciales han destacado la importancia de verificar la legitimidad de los profesionales antes de realizar cualquier pago o trámite. Este tipo de engaños suelen proliferar en contextos de necesidad, donde las víctimas buscan soluciones rápidas a sus problemas legales o administrativos.

La víctima, una ex compañera de trabajo del imputado, confió en su palabra al considerarlo alguien conocido. Este detalle agrava la situación, ya que el acusado utilizó un vínculo previo para generar una falsa sensación de seguridad y profesionalismo.

El monto defraudado, 17 millones de pesos, refleja la dimensión del perjuicio económico sufrido. Las 16 transferencias realizadas a lo de varios meses muestran una estrategia sostenida para extraer fondos de la afectada.

La decisión judicial de imponer medidas de coerción busca equilibrar la presunción de inocencia con la necesidad de garantizar que el proceso no se vea obstaculizado. El imputado deberá cumplir con ciertas condiciones mientras la investigación determina su responsabilidad en los hechos denunciados.