Un error de 27 renglones frenó la limpieza de 18 mil toneladas de basura: la dueña de Pacará Pintado vuelve a la Corte

La empresa propietaria del predio donde se acumulan casi 18 mil toneladas de residuos volvió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para intentar que se ordene el traslado de esa montaña de basura. Pero un detalle técnico —un renglón de más en un escrito— puso en pausa toda la causa ambiental.

Servicios y Construcciones La Banda SRL presentó un recurso de queja luego de que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazara su pedido de revisión de la sentencia que desestimó el reclamo para remover los desechos de Pacará Pintado hacia la planta de Overo Pozo.

El detalle que lo cambió todo: el “renglón 27”

El tribunal denegó la casación porque el escrito de la empresa no cumplía con las formas de la Acordada 1.498/2018: en una de las páginas se incluyeron 27 renglones, cuando el límite es 26. Ese error tipográfico, según las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer, fue suficiente para cerrar la discusión en primera instancia.

Con esa resolución, el Consorcio Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), integrado por municipios del Gran San Miguel de Tucumán, quedó liberado del reclamo para limpiar los desechos que llevan más de una década acumulados.

La abogada de la firma, Silvia Peyracchia, calificó la decisión como un “exceso ritual manifiesto” y advirtió sobre la “trascendencia ambiental” del caso. “Sin perjuicio de la manifiesta insignificancia del error de composición tipográfica, resulta imprescindible tener por superado el déficit señalado”, argumentó.

17.943 toneladas a cielo abierto

Peyracchia detalló que en Pacará Pintado hay exactamente 17.943 toneladas de residuos en proceso de descomposición a cielo abierto. “(Esto) impone la apertura del recurso casatorio en orden al control de legalidad del fallo que dejó sin resolver el problema ambiental complejo planteado en la litis”, sostuvo.

La letrada remarcó que el fallo de la Sala II incurrió en “infracciones normativas y arbitrariedades” y que la cuestión debatida supone un grave riesgo para el derecho a un medio ambiente sano, tutelado por la Constitución.

Una historia judicial que empezó en 2020

El conflicto comenzó en octubre de 2020, cuando Servicios y Construcciones pidió judicialmente que se ejecute la resolución 002/14 del Girsu. Según la empresa, ese documento obligaba al Consorcio Metropolitano a limpiar la playa de transferencia de Pacará Pintado. Los municipios del ente rechazaron la demanda y, con argumentos de expertos, alertaron sobre el impacto ambiental de mover los residuos a Overo Pozo.

En 2024, la Sala III hizo lugar al reclamo y fijó un plazo para retirar la basura. Pero la empresa apeló y el caso llegó a la CSJT, que en septiembre de 2025 anuló esa resolución y ordenó un nuevo fallo. Ese nuevo veredicto, de la Sala II, llegó en abril pasado y fue desfavorable para la firma. Luego vino el rechazo de la casación por el “renglón 27”.

Ahora, la dueña de Pacará Pintado busca que el máximo tribunal revise otra vez el expediente. Mientras tanto, las casi 18.000 toneladas de basura siguen donde están, sin fecha cierta para su remoción.