Un disparo en un operativo policial: la condena que divide aguas en Tucumán

Un disparo durante un operativo policial le costó el ojo a un joven tucumano. Ahora, tras seis años, llega una sentencia que condena a uno de los uniformados pero deja más preguntas que respuestas. ¿Qué pruebas determinaron el fallo y por qué la defensa anuncia batalla legal?

Por infotucuman · 25/02/2026 · min de lectura
Un disparo en un operativo policial: la condena que divide aguas en Tucumán

La Justicia tucumana dictó una condena de dos años de prisión condicional contra un policía por herir a un joven de 19 años con un disparo que le hizo perder un ojo. El fallo, que absolvió a otro uniformado, llega tras un largo proceso de seis años y genera reacciones encontradas entre la querella y la defensa, que anunció una apelación.

El incidente ocurrió la tarde del 13 de noviembre de 2020, alrededor de las 18:30, en inmediaciones del pasaje Einstein al 1900. Cuatro integrantes del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) realizaban recorridos preventivos cuando observaron a dos hombres en motocicleta que arrojaron un objeto y escaparon.

El grupo se dividió. Mientras dos efectivos constataron que el objeto descartado era un arma de fuego, los otros iniciaron la persecución. La situación se complicó cuando vecinos del lugar interfirieron para impedir la detención de los motociclistas, lo que obligó a los policías a pedir refuerzos.

El momento del disparo

Entre los refuerzos que llegaron al lugar se encontraban los efectivos Julián Alberto Campos y Juan Antonio Díaz. Ambos procedieron a aprehender a Juan Carlos Durán, quien presuntamente intervino en el altercado y desobedeció órdenes policiales, subiéndolo a la caja de un patrullero para su traslado.

Fue en ese instante cuando se produjo un disparo que impactó en el rostro de Rodrigo Esteban Rodríguez Argañaraz, sobrino de Durán, quien se encontraba en la vereda. La herida le ocasionó la pérdida total del ojo derecho, una lesión calificada como de extrema gravedad.

La investigación y los alegatos

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos dirigida por Mariana Rivadeneira. La hipótesis fiscal sostuvo que uno de los policías imputados subió a la caja del vehículo portando una escopeta Maverick serie 70594 y efectuó varios disparos, uno de ellos dirigido a corta distancia hacia el joven.

El debate oral comenzó el 18 de febrero. Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por el auxiliar Federico Lizárraga, solicitó para ambos acusados una pena de ocho años de prisión por considerarlos coautores de lesiones gravísimas agravadas por su condición de miembros de la fuerza de seguridad.

Lizárraga aclaró que no se trataba de un juicio contra la institución policial, sino contra la conducta específica de dos funcionarios que, utilizando un arma provista por el Estado, causaron una lesión irreversible a un ciudadano.

Posiciones enfrentadas

La querella, encabezada por el abogado Patricio Char, reclamó una condena de 10 años de prisión efectiva para Campos, aunque se apartó de la acusación respecto de Díaz, al entender que su rol se limitó a conducir la camioneta.

Por el contrario, la defensa de ambos imputados, a cargo de Carlos Garmendia, pidió la absolución total. Argumentó que los disparos no fueron realizados por ninguno de los acusados y que la secuencia de los hechos, desarrollada en un lapso aproximado de cinco minutos, no les habría permitido realizar las acciones que se les imputaban.

El fallo y sus consecuencias

El juicio fue presidido por el juez Augusto Paz Almonacid, quien tras valorar las pruebas resolvió absolver a Díaz por el beneficio de la duda y condenar a Campos a dos años de prisión condicional por el delito de lesiones graves cometido en exceso de la legítima defensa.

Tras la sentencia, la querella se manifestó conforme con el fallo al considerar que envía un mensaje institucional frente a episodios de violencia policial, subrayando que el objetivo no es perjudicar a la fuerza sino preservar su prestigio.

La defensa, en cambio, confirmó que impugnará la decisión judicial. Sostuvo que la valoración probatoria del tribunal reconoce en gran medida los planteos defensivos y cuestionó el desempeño del Ministerio Público Fiscal, señalando que el proceso demoró seis años en llegar a juicio.

Además, la defensa destacó la trayectoria del policía condenado, al que calificó como un “excelente” efectivo, y recordó que la causa había sido archivada en un momento para luego ser reabierta por presión de la víctima.

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