Un decreto gubernamental selló el destino de un colegio: lo que encontraron en la investigación dejó sin palabras a las autoridades

El Gobierno provincial confirmó la clausura definitiva del Colegio “San Juan Bautista María Vianney” tras una investigación que reveló graves irregularidades que ponían en riesgo a la comunidad educativa. La medida, ratificada mediante el Decreto N° 675/5, deja al establecimiento sin autorización estatal para funcionar o expedir diplomas con validez nacional.

La decisión fue rubricada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y la secretaria de Estado de Educación, María Gabriela Gallardo. Esto implica el rechazo de todos los recursos presentados por la entidad, cerrando así la investigación administrativa de manera terminal.

¿Qué halló la investigación que inició en 2024?

La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada detectó inconsistencias alarmantes en la matrícula del colegio. Según los informes, existían “discrepancias entre la matrícula declarada en el sistema SIME y la informada en los partes estadísticos”, junto con una “baja presencialidad de alumnos en relación con los datos declarados”.

Además, se encontraron deficiencias edilicias con riesgo estructural, fallas en instalaciones sanitarias y la ausencia de un certificado actualizado de Defensa Civil. El decreto oficial subraya que estas faltas “no constituyen hechos aislados, sino que se reiteran a lo largo del tiempo”.

¿Cómo respondió la defensa del colegio?

La institución pretendía impugnar la Resolución Ministerial N° 0252/5 (MEd) de febrero de 2026. Sin embargo, tras el análisis de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el dictamen de Fiscalía de Estado, el Ejecutivo determinó que “los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar las pruebas acumuladas”.

La representante legal intentó deslindar responsabilidades o solicitar la transferencia del colegio a una firma privada llamada Egloff SRL como solución. El Estado fue tajante al recordar la normativa vigente, estableciendo que “los propietarios y sus representantes legales son responsables del funcionamiento integral del establecimiento educativo”.

¿Qué pasó con los docentes y alumnos?

Los maestros se presentaron normalmente a trabajar el viernes y se encontraron con las puertas cerradas del establecimiento ubicado en calle Crisóstomo Álvarez 207 de la Capital tucumana. Allí se enteraron que el colegio había cerrado definitivamente y que los estudiantes serían “reubicados” en otras instituciones pertenecientes al representante legal del colegio, Rodolfo Egloff.

Según relataron los docentes, algunos con más de 20 años de antigüedad, en la institución “era habitual la rotación constante de personal debido a reiteradas irregularidades en el pago de sueldos”. Muchos trabajaron varios meses sin recibir su remuneración, bajo constantes promesas incumplidas por parte de la Dirección.

¿Qué sucedió con los salarios?

Se sumó otra novedad que generó aún más indignación: no se depositaron los sueldos correspondientes a marzo ni a los 16 días trabajados de abril, ya que la subvención estatal del colegio solo estaba vigente hasta febrero. “Nosotros, como docentes, queremos una solución a tal atropello a nuestro trabajo”, expresaron los afectados.

Los docentes exigen una respuesta urgente de las autoridades educativas y del representante legal para resolver la situación de los salarios adeudados y garantizar una solución para los alumnos y el personal. El decreto concluye que los pedidos de la recurrente “no resultan idóneos para desvirtuar los fundamentos del acto impugnado”, confirmando así que el Colegio pierde definitivamente su reconocimiento oficial.