Un correo electrónico desató un conflicto judicial que podría cambiar el rumbo de la investigación sobre una lujosa propiedad

Un fiscal cuestionó la competencia del juzgado que investiga la compra de una mansión vinculada al tesorero de la AFA, argumentando que todo comenzó con un simple correo electrónico que no debería haber derivado en una causa nueva. La disputa judicial involucra a varios fiscales y jueces, generando un entramado complejo sobre dónde debe tramitarse el caso.

El fiscal Mario Villar sostuvo que la causa, que investiga la adquisición de una propiedad de lujo en Pilar vinculada al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, debe volver al juez Daniel Rafecas o a Marcelo Aguinsky. Villar fundamentó su postura en que la investigación se inició con un correo electrónico de uno de los principales acusados, Luciano Pantano, donde solicitó la inhibitoria del Juzgado en lo Penal Económico.

Según el fiscal, no existía una causa previa a ese correo electrónico. “En todo caso el correo electrónico debió ser remitido o presentado donde sí existía una causa sobre esos hechos, donde sí existía un expediente judicial en trámite. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, planteó Villar.

¿Cómo se generó el conflicto de competencia?

La causa generó un complejo entramado de conflicto de competencia entre el Juzgado Penal Económico N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tramitó inicialmente la denuncia de Elisa Carrió, Juan Del Gaiso y Matías Yofe, ampliada en al menos cuatro oportunidades, y el Juzgado Federal de Campana.

Este último recibió la inhibitoria formulada por la defensa de Pantano mediante correo electrónico del 29/12/2025, lo que derivó en la habilitación irregular de feria y la posterior decisión de la Cámara de San Martín de asignar competencia al fuero federal campana, planteó Villar. El fiscal también recordó que el domicilio principal de la AFA se encuentra en Capital, por lo que “corresponde a la justicia que previno continuar con el trámite de las actuaciones, hasta tanto sea posible establecer con mayor exactitud los hechos denunciados, precisar su alcance y su significación jurídica”.

¿Qué críticas hizo el fiscal?

Villar criticó el razonamiento de la Cámara Federal de San Martín, que privilegió únicamente la ubicación del inmueble en Pilar y el cambio registral de sede social de la AFA, y lo calificó como un “sesgo de confirmación”. “Pareciera que la competencia resultó asignada de una forma análoga a como era atribuido el llamado ‘voto censitario’, en el cual la propiedad la que daba derecho a votar, parece que aquí la propiedad da derecho a una jurisdicción”, dijo el fiscal.

En ese marco, Villar enumeró los distintos allanamientos, pedidos de información y otros actos ordenados por el juzgado de Aguinsky.

¿Qué otros actores están involucrados?

La postura de Villar se suma a la del fiscal federal Sebastián Bringas que apeló la decisión del juez Adrián González Charvay de centralizar en su juzgado de Campana todas las investigaciones vinculadas a AFA. Bringas presentó una apelación ante la Cámara Federal de San Martín contra el requerimiento del magistrado, quien había solicitado que se enviaran a su tribunal dos causas que tramitan en los juzgados federales de Capital Federal y Lomas de Zamora.

El fiscal planteó que las investigaciones no deben unificarse en un solo expediente. González Charvay, cuando solicitó que le remitan los expedientes, argumentó que los hechos investigados en las otras causas “se corresponden con los que son objeto de investigación en estos actuados” y que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ya le había asignado competencia por los fondos de la AFA manejados en el exterior.

En ese marco, el juez pidió a sus colegas que se inhibieran y remitieran los expedientes.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA.