Un “call center” delictivo operaba desde una cárcel y sus víctimas fueron dos jueces

La justicia investiga a un grupo de internos de un penal bonaerense acusados de estafar por teléfono desde su celda, en un caso que tomó relevancia nacional al tener a dos magistrados como blancos. Los detenidos, ya imputados, habrían montado una estructura para cometer fraudes, logrando incluso apoderarse de la cuenta de WhatsApp de un juez octogenario.

La investigación se inició tras la denuncia del juez Luis Cayetano Cayuela, de 80 años. El 19 de febrero, recibió una llamada en su domicilio de personas que se hacían pasar por empleados de empresas. Mediante este engaño, los delincuentes lograron vulnerar su cuenta de WhatsApp y comenzaron a pedir dinero a sus contactos.

¿Cómo intentaron estafar al segundo magistrado?

Solo una semana después, el 26 de febrero, los estafadores probaron suerte con otro objetivo de alto perfil: el juez Juan Eduardo Stepaniuc, de 74 años. Sin embargo, en esta ocasión el magistrado reconoció la maniobra a tiempo. Su inmediata denuncia ante las autoridades fue un elemento clave que permitió acelerar la pesquisa y rastrear el origen de las llamadas.

La causa está a cargo del fiscal Patricio Ferrari, con el apoyo operativo de la División de Delitos Informáticos (DDI) de San Isidro. El trabajo investigativo permitió identificar a tres internos de la Unidad Penitenciaria N° 35 de Magdalena como los presuntos responsables de organizar el esquema delictivo.

¿Quiénes son los acusados y qué se les incautó?

Los imputados son Nicolás Giménez (26), Juan Manuel Acuña (32) y Facundo Ponce (28). En el marco de la causa, se realizó un allanamiento en el pabellón 7 del penal, específicamente en la celda número 3. Allí, los efectivos secuestraron el material con el que operaba la banda: al menos seis teléfonos celulares, cargadores y varias tarjetas SIM.

Según las pesquisas, Nicolás Giménez sería el líder de la organización. El interno acumula antecedentes penales que suman cerca de 14 años de prisión, principalmente por robos agravados. Su perfil coincide con el de un preso que mantiene actividades delictivas desde dentro del sistema carcelario.

Un penal con antecedentes de delitos organizados

Este caso vuelve a poner el foco en la Unidad N° 35 de Magdalena, un establecimiento que ya ha sido escenario de investigaciones por maniobras criminales coordinadas desde su interior. Entre los antecedentes más graves se encuentra la investigación por llamadas extorsivas vinculadas al caso de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se suicidó mientras cumplía funciones en la Quinta de Olivos.

Además, en las últimas semanas se habían detectado otras estafas telefónicas con origen presunto en este mismo penal. Entre ellas, se destacan engaños relacionados con falsos alquileres de departamentos en la Costa Atlántica, una modalidad que ha dejado varias víctimas. Estos hechos refuerzan las sospechas sobre la existencia de redes delictivas que operan con impunidad desde el corazón del sistema penitenciario.

El hallazgo del “call center” ilegal expone una vez más las graves falencias en el control dentro de las cárceles, donde los internos no solo acceden a tecnología prohibida, sino que la utilizan para victimizar a ciudadanos, llegando incluso a burlar la seguridad de miembros del Poder Judicial.