Un adolescente llevó algo a la escuela que dejó helados a sus compañeros: lo que pasó después sorprendió a todos

Un adolescente de 17 años recuperó su libertad después de que una magistrada revocara la prisión preventiva que le había dictado una jueza por llevar un arma a su escuela. El caso, que conmocionó a la comunidad educativa, sigue abierto mientras el menor deberá cumplir una serie de medidas bajo supervisión.

Todo comenzó el 7 de abril cuando un compañero del acusado observó que, al intentar sacar un objeto del bolsillo de su pantalón, cayeron unas balas. El testigo alertó inmediatamente a las autoridades del establecimiento educativo, quienes denunciaron el caso a la Policía.

Los uniformados se presentaron en la escuela El Salvador en barrio San Cayetano de la capital tucumana y, sin que se registraran incidentes mayores, lograron quitarle un revólver calibre 38 y seis cartuchos que no estaban colocados en el arma.

¿Qué revelaron los peritajes?

El arma fue sometida a análisis y los especialistas indicaron que era operativa, es decir, podía ser utilizada, y que las balas estaban en perfectas condiciones. Por esa razón, la auxiliar Jimena Castro, siguiendo las instrucciones del fiscal Mariano Fernández, decidió acusarlo de tenencia de arma de guerra.

“Esa arma no es mía, me la encontré y la llevé para mostrarles a mis compañeros”, habría declarado el acusado por recomendación de su defensor. El padre, según confiaron fuentes judiciales, habría asegurado que el revólver se lo había entregado un amigo para que se lo cuidara y que su hijo se lo había sacado sin su autorización.

¿Quién es el adolescente involucrado?

Los profesionales que lo atendieron en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) informaron que el adolescente no tiene antecedentes penales. Remarcaron que trabaja desde los 12 años como changarín en el Mercofrut y que no tiene problemas de adicción.

Los especialistas también indicaron que demostró tener conductas poco comunes para su edad. Asimismo, recalcaron que, por asumir esas responsabilidades, no realiza actividades propias de su edad. Por esa razón, recomendaron que sea atendido por especialistas en salud mental.

Sobre su entorno familiar, el equipo interdisciplinario dijo que sus padres no tienen antecedentes. Señalaron que vive en el barrio Autopista Sur junto a sus cinco hermanos, una cuñada y su sobrino. Todos los hombres de la casa trabajan y aportan para la economía del hogar. No perciben planes sociales, sólo la asignación familiar por hijo.

¿Cómo evolucionó el caso judicial?

La jueza Elizabeth Raddi aceptó que se le formularan cargos en su contra y le dictó la prisión preventiva por 59 días, al entender que era el tiempo suficiente para que el acusado fuera sometido a una serie de pericias para determinar el porqué de su conducta y para que fuera atendido por profesionales de salud mental. El adolescente fue trasladado al Instituto Cura Brochero, que funciona en el penal de Benjamín Paz. Su defensor impugnó el fallo.

Recientemente se realizó la audiencia para revisar el fallo de la magistrada, que tuvo una particularidad: se permitió que un representante de la Comisión Nacional contra la Tortura, del CAD y de la Dirección de Niños, Adolescencia y Familia (Dinaf) estuviera en el debate para que diera a conocer su opinión sobre el tema.

Si bien es cierto que el debate no pudo ser presenciado por la prensa (las normas establecen que las audiencias sean privadas cuando el acusado es menor), se pudo reconstruir que la jueza Laura Casas escuchó a todas las partes. Todas habrían señalado que la medida era excesiva porque todo lo que había planteado Raddi se podía realizar sin la necesidad de que estuviera privado de la libertad.

¿Qué decisión tomó finalmente la justicia?

La magistrada escuchó a los especialistas y resolvió otorgarle la libertad al adolescente, pese a la férrea oposición del Ministerio Público. Casas también dispuso que esté al cuidado de sus padres y que una comisión, integrada por todos los referentes que participaron de la audiencia y por otro representante del Ministerio de Educación, evalúe su conducta hasta que se defina su situación procesal.