Un acuerdo millonario cierra el caso del citricultor acusado de robar agua en Yerba Buena

El empresario Juan Zamora evitó un juicio penal tras aceptar una suspensión de juicio a prueba. La clave fue una reparación económica de 250 millones de pesos que, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, serán destinados íntegramente a Cáritas. El citricultor también deberá cumplir con donaciones y reglas de conducta durante un año.

El fiscal Diego López Ávila explicó que Zamora fue imputado por haber diseñado y ejecutado una infraestructura hidráulica clandestina entre febrero de 2022 y mayo de 2023. La acusación señalaba que perforó un caño maestro en una propiedad colindante a la suya, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán.

Según la fiscalía, se trataba de un caño que asiste a la zona de Yerba Buena, específicamente a El Corte y áreas aledañas. La acción se realizó con conocimiento del posible desabastecimiento que podía generar en zonas pobladas.

¿Qué ofreció el acusado para evitar el juicio?

A través de sus defensores, Silvia Peyracchia y Camilo Atim, Zamora presentó una propuesta de suspensión de juicio a prueba. La oferta incluía el pago de una reparación de $250 millones a la Provincia, la donación de pinturas a una escuela de La Calera en Alberdi, la colocación de un portón en la iglesia de esa misma localidad y la donación de una bomba de agua.

A cambio, solicitó que la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT) se abstuviera de continuar con las acciones civiles en su contra y que no se le aplicaran multas. También pidió que el período de probation fuera de un año.

El fiscal López Ávila consideró que el instituto de suspensión de juicio a prueba busca una solución restaurativa y eficiente del conflicto penal, priorizando el daño y la paz social. Destacó el componente comunitario y económico de las reglas de conducta impuestas.

La postura de la Provincia y la SAT

La Provincia, representada por la fiscal de Estado Gilda Pedicone y el abogado José María Molina, aceptó la propuesta con una condición: que se anulara la suspensión de la imposión de multas. Argumentaron que el personal de Recursos Hídricos había encontrado dos pozos no autorizados para extraer agua, un trámite administrativo no contemplado en la causa penal.

Ante esto, el acusado retiró ese pedido específico. Marcelo Caponio, titular de la SAT, a través de su representante legal Walter Ojeda Ávila, también aceptó el acuerdo.

Antes de la resolución del juez Facundo Maggio, la fiscal Pedicone aclaró que, por orden del gobernador Jaldo, los $250 millones que recibiría la Provincia serían entregados a Cáritas para obras de bien público. Informó la cuenta para la transferencia, que debía realizarse en cinco días hábiles.

La resolución judicial y las condiciones

El juez Maggio aceptó los planteos de las partes y concedió la medida alternativa a Zamora. Se mantuvieron las reglas de conducta, como no viajar al exterior sin autorización y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

Además, se estableció que durante el período de prueba seguiría vigente la caución de $200 millones que se le había impuesto durante el proceso. El citricultor accedió así a la probation, evitando el juicio oral.

La defensa aclara: “No implica culpabilidad”

Los defensores Peyracchia y Atim emitieron un comunicado aclarando que la suspensión de juicio a prueba no implica admisión de culpabilidad ni reconocimiento de hecho ilícito alguno. Explicaron que es una herramienta legal que culmina con un sobreseimiento tras cumplir ciertas reglas.

“Permite evitar la realización de un juicio oral, el cual -si bien confiábamos plenamente en afrontar- habría resultado innecesariamente extenso y desgastante para nuestro defendido”, sostuvieron.

Los abogados afirmaron que desde el inicio reunieron evidencia documental, pericial y testimonial que acreditaba la inocencia de Zamora, desvirtuando los hechos que le fueron atribuidos. Dijeron que la decisión se basó en criterios de razonabilidad y economía procesal.

La figura de la probation, también conocida como suspensión de juicio a prueba, está prevista en el Código Penal para delitos de menor gravedad. Si el imputado cumple las condiciones impuestas -como reparar el daño o realizar tareas comunitarias- la acción penal se extingue sin condena. No constituye una declaración de inocencia, pero tampoco una condena.