Tucumán perdería más de $51 mil millones por la reforma laboral: cómo afecta a salud y educación

La provincia se ubica entre las cuatro más perjudicadas del país por la caída en la coparticipación que generaría el proyecto oficial, según un informe del Iaraf. El impacto total se sentiría en 2027. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) proyecta que la reforma laboral del gobierno nacional provocaría una pérdida de al menos $ 51.682 millones para las arcas tucumanas en 2027. Este recorte obligaría a una reconfiguración del presupuesto provincial, afectando servicios esenciales.

Un ranking nacional que deja a Tucumán en una posición crítica

El análisis técnico sitúa a Tucumán como la cuarta provincia más golpeada en términos absolutos. Solo la provincia de Buenos Aires ($ 238.558 millones), Santa Fe ($ 97.087 millones) y Córdoba ($ 96.459 millones) sufrirían un desfinanciamiento mayor. Completan el top cinco de las más afectadas Chaco y Entre Ríos.

El mecanismo detrás de esta merma es la modificación de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias. Al ser un tributo coparticipable, cualquier reducción en su recaudación impacta directamente en los fondos que la Nación distribuye entre las provincias. Para Tucumán, altamente dependiente de estos recursos, el golpe es significativo.

El impacto fiscal total y la distribución del ajuste

A nivel país, el costo fiscal de la reforma se estima en cerca de $ 1,9 billones. De ese monto, la porción que dejarían de percibir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendería a $ 1,12 billones. En contraste, la Nación absorbería una caída de $ 789.000 millones.

Esto evidencia que el peso del ajuste recae con mayor fuerza en las jurisdicciones subnacionales. El informe del Iaraf calcula que, en proporción al Producto Bruto Interno, el costo representa un 0,22%, una cifra que resulta determinante para las economías provinciales.

Un debate legislativo que tensa la relación con los gobernadores

El proyecto, que ya cuenta con dictamen del Senado emitido en diciembre, podría ser tratado en el recinto alrededor del 10 de febrero. Este calendario aceleró las tensiones con los mandatarios provinciales, quienes observan con preocupación cómo avanza una reforma que desfinancia sus territorios.

La negociación se complica por un dato político: varias de las provincias más afectadas, incluida Tucumán, han sido aliadas del Gobierno nacional. Esta paradoja pone a prueba los acuerdos políticos y la capacidad de los gobernadores para sostener la gobernabilidad local frente al ajuste.

La postura oficial y la próxima mesa de negociación

Pese a las advertencias, la hoja de ruta del Poder Ejecutivo Nacional se mantiene firme. Para el próximo viernes está prevista la primera reunión del año de la mesa política nacional, convocada para afinar el texto definitivo.

Desde el entorno oficial ya adelantaron que no se prevén modificaciones sustanciales al articulado consensuado en la Cámara Alta. Esto refuerza el escenario en el que las provincias deberán preparar sus cuentas para absorber un impacto fiscal de gran magnitud a partir del próximo año.