Tras una denuncia por trata, el juez federal notifica a Menem sobre la investigación al diputado Cisneros

Una investigación judicial por el delito de trata de personas alcanzó a un legislador nacional tucumano. El juez federal Guillermo Díaz Martínez informó formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el diputado Carlos Cisneros es investigado a partir de una denuncia del futbolista José Florentín. La causa, que se tramita en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, tiene el número de expediente 23/2026.

¿De qué se acusa al diputado tucumano?

La denuncia que originó la investigación fue presentada por el futbolista José Florentín. El deportista acusó al referente bancario de conformar una estructura destinada a falsificar pruebas para “armar una causa” en su contra. Esta situación se enmarca en el expediente por abuso sexual grupal que involucra a exjugadores de Vélez Sarsfield.

En un oficio enviado el 25 de febrero, el juez Díaz Martínez detalló que la Fiscalía Federal interviniente considera que, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, se configura una hipótesis razonable del delito de trata de personas. El magistrado fundamentó su comunicación citando los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal.

La réplica del legislador investigado

Al ser consultado por el medio Tendencia de Noticias, el diputado Carlos Cisneros cargó contra Martín Menem por difundir lo que calificó como información inexacta. El bancario negó que exista un pedido de desafuero en su contra y atribuyó la difusión a intereses políticos.

“Hay mala fe del presidente de la Cámara y de algunos portales que reciben plata del Gobierno de la provincia. Cuando tenga que ir a declarar me presentaré. Es una vergüenza que el presidente panfletee de esa manera”, afirmó Cisneros. El legislador aseguró que se presentará ante la Justicia cuando sea citado para, según dijo, terminar con “todas estas mentiras”.

La hipótesis de la fiscalía sobre el delito de trata

El requerimiento fiscal plantea una perspectiva particular sobre los hechos investigados. Según la hipótesis, el eventual delito de trata no estaría vinculado al encuentro sexual en sí mismo, sino a hechos posteriores.

La investigación sugiere que, después del hecho, la denunciante habría sido objeto de presiones y condicionamientos por parte de personas con capacidad de influir sobre su situación laboral. “El proceso de captación no se habría producido con anterioridad al encuentro sexual, sino con posterioridad a este”, sostiene el documento oficial.

El escrito describe que la víctima habría quedado en un estado de “especial fragilidad emocional, laboral y personal”. A partir de ese momento, según la línea investigativa, se habría desplegado un esquema de intimidación, coerción y aprovechamiento de esa vulnerabilidad, circunstancias que configurarían los elementos del delito de trata.

Las medidas probatorias solicitadas

Como parte de la investigación, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó diversas medidas para avanzar en la causa. Entre los pedidos concretos, requirió informes a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

El objetivo de esta medida es determinar si ciertas personas mencionadas en el expediente prestaron servicios en ese organismo financiero y cuáles eran sus funciones específicas. Además, el fiscal pidió incorporar al caso las declaraciones previas de la denunciante realizadas ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia provincial.

Esta última solicitud tiene como fin evitar la revictimización de la persona afectada. Como paso siguiente en el proceso, el fiscal Vehils Ruiz solicitó formalmente la indagatoria del diputado Carlos Cisneros y de la abogada Patricia Neme.