Tras el Presupuesto, el Gobierno apunta a la reforma laboral para febrero

Con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal ya convertidos en ley, la administración de Javier Milei concentra sus esfuerzos en lograr la aprobación de la reforma laboral, cuyo debate en el Senado está previsto a partir del 10 de febrero. La iniciativa, que busca flexibilizar las condiciones de contratación y reducir contribuciones patronales, será el próximo gran desafío legislativo del oficialismo tras una semana de intensas negociaciones en el Congreso.

Una doble victoria legislativa

El viernes 27 de diciembre, el Senado de la Nación selló una jornada clave para el Gobierno al aprobar dos de sus proyectos emblemáticos. En primer lugar, dio media sanción al Presupuesto Nacional para el año 2026, que obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Minutos después, convirtió en ley el régimen de Inocencia Fiscal, con 43 votos a favor y 26 en contra. Estos resultados evidenciaron la capacidad del oficialismo para sumar apoyos más allá de su bloque, incluyendo a la UCR, el PRO y legisladores provinciales.

Los votos que hicieron posible el Presupuesto

Para alcanzar los 36 votos necesarios en la Cámara Alta, La Libertad Avanza, que cuenta con 20 senadores, necesitó del respaldo de aliados. El apoyo clave provino de los 10 senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y los 3 del PRO. A este núcleo se sumaron legisladores de bloques provinciales, como Luis Juez (Frente Cívico por Córdoba) y la senadora tucumana Beatriz Ávila, alcanzando así una cómoda mayoría de 46 votos a favor. Esta articulación permitió superar la oposición unificada del bloque peronista.

Críticas y preocupaciones desde la oposición

La aprobación no estuvo exenta de voces disidentes y advertencias. El senador radical Maximiliano Abad votó en contra del Capítulo 2 del Presupuesto, argumentando en la red social X: “Voté en contra del Capítulo 2 del Presupuesto porque así no hay desarrollo posible. No se puede construir una Argentina con futuro recortando donde hay que invertir: educación, ciencia y tecnología. Esa es la base para el progreso sostenido y para garantizar igualdad de oportunidades. Ajustar ahí es ajustar el mañana”. Por su parte, el senador peronista por La Pampa, Daniel Bensusán, expresó su preocupación por el “desfinanciamiento que estamos teniendo en las provincias”.

¿En qué consiste la Ley de Inocencia Fiscal?

La norma, que demandó seis meses de trámite legislativo, modifica la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario. Su objetivo principal es “blindar” a los ahorristas, permitiéndoles regularizar dólares no declarados (“los dólares del colchón”) sin ser cuestionados por ARCA. Para ello, eleva significativamente el piso a partir del cual se considera que un contribuyente está evadiendo impuestos, un valor que se encontraba desactualizado. También aumenta los montos a partir de los cuales escribanos y entidades bancarias están obligados a informar operaciones al fisco. El ex titular del organismo, Juan Pazo, celebró el cambio, calificando al sistema anterior como un “régimen soviético” donde “todos eran culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

Privatizaciones y la mirada en la reforma laboral

Paralelamente, el Gobierno avanzó en otro frente de su agenda. El Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, confirmó la finalización del programa de transformación de Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, un paso administrativo previo a su potencial privatización. La última en completar este proceso fue Ferrocarriles Argentinos, que pasó a ser una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Con estos trámites concluidos, la administración de Milei se prepara para impulsar la privatización de al menos una docena de empresas públicas. El próximo gran debate, sin embargo, será la reforma laboral. El senador oficialista por Formosa, Francisco Paoltroni, se mostró confiado: “Hoy están los votos para todo lo que sea coherente, para que salga todo aprobado la iniciativa del Ejecutivo”.

Reacciones de gobernadores y el mensaje oficialista

Desde las provincias, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, si bien respaldó al Gobierno nacional, manifestó sus reparos: “Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El Gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe”. En el bando oficialista, la senadora Patricia Bullrich, líder del bloque de LLA, envió un mensaje optimista tras la aprobación presupuestaria: “Lo mejor está por venir”.