Topadoras avanzaron sobre un paseo icónico y lo que dejaron atrás conmocionó a los trabajadores

Un operativo judicial que se extendió por más de 12 horas culminó con el desmantelamiento total de una feria popular en Mar del Plata, dejando a más de 200 personas sin su fuente de ingresos. La intervención, ordenada por un juez federal, incluyó allanamientos, secuestros masivos y la demolición de estructuras que funcionaban desde hace décadas.

El procedimiento comenzó el miércoles por la mañana cuando efectivos de Prefectura Naval bloquearon los accesos al predio e impidieron el retiro de mercadería. La medida fue dispuesta por el juez federal Santiago Inchausti en el marco de una causa por violación a la Ley de Marcas y evasión fiscal.

¿Qué se incautó durante la intervención?

Durante la jornada se incautaron miles de productos, principalmente ropa y calzado que imitaban marcas reconocidas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) participó activamente en el operativo que avanzó hacia su fase final ya entrada la madrugada.

Fue entonces cuando las máquinas comenzaron a retirar los puestos, dejando despejado el corredor costero. Un video registró el momento exacto en que las topadoras avanzaron sobre las estructuras del paseo informal instalado sobre la playa, a metros de la tradicional ramla de Mar del Plata.

¿Cómo reaccionaron los trabajadores afectados?

En el registro audiovisual se observa cómo las topadoras y cuadrillas municipales desmontaron uno a uno los puestos de la feria. Algunos puesteros miraron desde la parte superior de la rambla mientras seguían el operativo entre llantos, bronca e insultos, tras perder su fuente de ingresos.

La Saladita de la Bristol funcionaba desde hace más de 20 años en ese sector de la ciudad, con habilitaciones precarias que se fueron prorrogando en el tiempo. En los últimos años había crecido hasta convertirse en un paseo de casi 200 metros de extensión, con más de 160 puestos y alrededor de 200 trabajadores.

¿Qué desencadenó la investigación judicial?

La investigación que derivó en el operativo se inició a partir de una denuncia presentada por el entonces intendente Guillermo Montenegro, quien reclamó la intervención judicial ante un escenario de comercio ilegal y evasión. “Un sueño cumplido para los marplatenses”, escribió en su cuenta de X tras el desmantelamiento.

Según trascendió, la explotación de la feria estaría vinculada al Sindicato de Vendedores Ambulantes, cuyo titular, Walter Rivero, fue demorado en el marco de las medidas judiciales. Durante el operativo, algunos puesteros denunciaron pagos informales sin comprobantes y apuntaron contra quienes administraban el espacio.

“Queremos que alguien venga a dar la cara”, reclamó una de las trabajadoras afectadas. Desde el municipio defendieron el accionar y remarcaron la necesidad de avanzar hacia un esquema de “orden, legalidad y reglas claras” en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.