Senado aprueba polémica reforma de la Ley de Glaciares: ¿qué cambia y por qué genera tanta tensión?

En una sesión extraordinaria que extendió sus horas hasta la noche, el Senado de la Nación dio media sanción a una reforma de la Ley de Glaciares que desató un encendido debate entre oficialismo y oposición. El proyecto, que ahora pasa a Diputados, obtuvo 41 votos a favor, 31 en contra y una abstención, dividiendo aguas incluso dentro de las propias bancadas.

La iniciativa del Gobierno nacional modifica aspectos clave de la ley 26.639, especialmente en lo referente a la autoridad de aplicación y al inventario de glaciares. El artículo séptimo del despacho, que fue corregido horas antes de la votación, permite que cada provincia determine su propia autoridad de aplicación, salvo en áreas protegidas por la ley de Parques Nacionales.

¿Qué dice el artículo más controvertido?

Según el texto aprobado, las provincias serán las encargadas de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas”. Esto significa que deberán actuar como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.

Los defensores de la norma, como el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero, argumentan que “la Constitución nacional es clara y la Nación debe establecer presupuestos mínimos. Es un piso y no una regulación que abarca todo y que termina anulando el federalismo”. Agregó que “el agua y la minería no son enemigos” y criticó la “ambigüedad jurídica” de la ley actual.

La voz de la oposición y los riesgos ambientales

Desde el peronismo, el senador pampeano Pablo Bensusán fue contundente: “Vamos a fragmentar los criterios de conservación y defensa de glaciares. Hay 12 provincias en el sistema y habrán 12 criterios diferentes. Hasta ahora es sistémico, el del IANIGLIA. Me parece anticientífico, irresponsable y un delirio”.

El radical Maximiliano Abad advirtió que “esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros. Es un error debilitar el IANIGLIA y dejar en manos de provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario”. Incluso sugirió que, de convertirse en ley, sería “pasible de recursos de inconstitucionalidad”.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, por el kirchnerismo, apuntó a un “debate irreversible para el futuro de los argentinos” y sostuvo que “si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda cientos de años en armarse. Ni con todo el oro del mundo nosotros lo vamos a volver a tener”.

Los votos clave y la estrategia oficialista

El oficialismo logró sumar apoyos cruciales. Los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron el plan, así como los recién escindidos del kirchnerismo Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Según confiaron a Infobae desde diversas oficinas, hubo reiterados intentos para que la miembro informante fuese la exsecretaria de Energía Flavia Royón, experta en el área. Finalmente, hablaron Edith Terenzi (Chubut) y Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), quienes defendieron el proyecto argumentando que “se preservan las reservas hídricas permanentes” y que se busca “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”.

Royón, en un sólido discurso hacia el final del debate, manifestó que “no es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger y para eso se precisan los estudios de campo, con involucramiento en territorio, que es lo que hacen las provincias”. La salteña aportó un dato contundente: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera. El gran consumidor del agua es el agro”.

El cierre de Bullrich y el camino que viene

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cerró el debate con un mensaje claro: “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre, por eso estamos cambiando la historia. No queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía. No es agua o trabajo”.

El proyecto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno para conseguir, junto a gobernadores, inversiones mega millonarias para reactivar la economía. Los procesos en dicha área son extensos y no inmediatos, según destacan desde el oficialismo.

Con la media sanción del Senado obtenida, la definición final de esta reforma que modifica sustancialmente la protección de los glaciares argentinos queda ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde se espera otro debate igual de intenso.