San Pedro de Colalao: Jubiladas imputadas tras un intento de usurpación que desobedeció órdenes judiciales

Dos mujeres en edad de jubilación fueron formalmente acusadas por la Justicia tucumana tras protagonizar un violento intento de usurpación en una vivienda de San Pedro de Colalao. La audiencia, solicitada por la Fiscalía, reveló que las imputadas actuaron pese a tener resoluciones judiciales previas que se lo prohibían expresamente. La jueza interviniente dispuso medidas de coerción y ordenó la restitución inmediata de la propiedad a sus legítimos poseedores.

¿Qué ocurrió en la avenida Julio del Moral?

Según la acusación presentada por la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, el hecho ocurrió el 3 de enero de 2026. Las dos mujeres, junto a otros familiares, ingresaron al patio frontal de una casa ubicada sobre la avenida Julio del Moral.

El inmueble era poseído por sus legítimos tenedores desde el año 2000. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal, conducida por el fiscal Fernando Blanno.

Violencia y desalojo parcial

Una vez en el lugar, intentaron ingresar al interior de la vivienda rompiendo una puerta de madera y una ventana. Durante el episodio, se habrían producido agresiones físicas contra una persona que se encontraba dentro.

Esta persona debió bloquear el acceso con un freezer y solicitar la intervención policial para evitar el ingreso forzado. Pese a la presencia de los efectivos, las acusadas no se retiraron del lugar.

En cambio, ocuparon sin autorización un sector de la galería de la casa. Allí instalaron colchones, muebles y pertenencias personales, impidiendo el acceso por la puerta principal y generando un despojo parcial de la posesión del inmueble.

Desobediencia a la autoridad judicial

La representante del Ministerio Público señaló un agravante clave en su imputación. Las mujeres habrían actuado en abierta desobediencia a resoluciones judiciales previas dictadas por el fuero civil en los años 2024 y 2025.

Esas resoluciones les ordenaban expresamente abstenerse de realizar actos de turbación o despojo. Además, las instaban a canalizar cualquier reclamo sobre la propiedad por las vías legales correspondientes.

La decisión judicial y las medidas impuestas

Durante la audiencia, la jueza interviniente tomó varias decisiones. En primer lugar, dispuso la restitución inmediata del inmueble a sus poseedores originales, poniendo fin al despojo parcial.

También fijó una caución real de tres millones de pesos ($3.000.000). Además, estableció medidas no privativas de la libertad por un plazo de seis meses para las imputadas.

El objetivo de estas medidas, según la resolución, es evitar nuevos conflictos en el lugar y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial que continúa su curso. Las acusadas enfrentan cargos por el delito de usurpación parcial mediando violencia, en concurso ideal con desobediencia a la autoridad.