Rompió el silencio tras cinco meses: “El Militar” Sosa negó ser el autor del femicidio de Érika Álvarez

“Que quede en claro que no maté a Érika”, lanzó el principal imputado en la causa que conmociona a Tucumán. Su declaración sorprendió incluso a los presentes, ya que su defensa había anticipado que no hablaría.

La causa, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, sostiene que Érika Antonella Álvarez fue asesinada a golpes el 7 de enero en la vivienda donde residía Sosa. El cuerpo habría sido colocado dentro de una bolsa de residuos y abandonado en un descampado de Manantial Sur.

¿Qué pruebas apuntan a Sosa?

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma informó que las pericias realizadas descartaron la participación de otras personas en el homicidio. Según explicó, solo se detectaron rastros genéticos correspondientes a Sosa en la escena del crimen.

Sin embargo, el acusado negó cualquier vínculo con la víctima: “No pude haberla matado. No tenía vínculos con ella. La última vez que estuve con ella fue en mayo de 2024. Estaba totalmente solo”, manifestó ante el juez.

La estrategia de la defensa

El abogado querellante Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, interpretó la declaración como parte de una estrategia defensiva. Señaló que la defensa intentará demostrar que Érika mantenía una relación comercial vinculada a la venta de drogas con Sosa, aunque esa documentación aún no fue incorporada al expediente.

Además, Garmendia sostuvo que otro de los ejes es cuestionar la autopsia, intentando instalar la hipótesis de que la muerte no fue consecuencia de la golpiza.

Por su parte, Marcelo Cosiansi, defensor de Sosa, consideró que la audiencia representó un avance importante. Informó que incorporaron informes de especialistas forenses de reconocimiento nacional que contradicen la autopsia oficial. “La verdadera causa de la muerte continúa siendo un aspecto abierto al debate judicial”, afirmó.

¿Qué rol tuvieron los otros imputados?

La Fiscalía precisó el papel de los otros procesados en las maniobras posteriores al crimen. Justina Gordillo, pareja de Sosa en ese momento, habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo y la eliminación de rastros. Nicolás Navarro Flores, amigo del acusado, habría participado en la desaparición de dos bolsas con ropa y el teléfono de la víctima. Jorge “Chicho” Díaz, empleado de confianza, habría limpiado la vivienda y ayudado a ocultar el cadáver.

Las defensas de los acusados cuestionaron la reformulación de cargos. María Florencia Abdala, representante de Gordillo, calificó la acusación como “sumamente cuestionable” por falta de precisiones. Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, compartió ese criterio, mientras que Patricio Char, abogado de Navarro Flores, no formuló objeciones.

El juez Bernardo L’Erario Babot consideró válida la reformulación de la acusación, lo que permite que la causa avance hacia un juicio oral. Allí se debatirán tanto la responsabilidad penal de los imputados como las distintas hipótesis sobre la mecánica del crimen y la causa de la muerte de Érika Antonella Álvarez.