Revelan operación extranjera para influir en medios argentinos y el gobierno responde con advertencia

Una investigación periodística destapó una presunta campaña internacional para desacreditar al gobierno argentino mediante pagos a medios y redes sociales, lo que el presidente Javier Milei calificó como un caso de “espionaje de una gravedad institucional pocas veces vista”. La Secretaría de Inteligencia del Estado confirmó la existencia de la operación y aseguró que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.

El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales tras la difusión de la investigación, sosteniendo que lo revelado hasta ahora representa solo una parte de una estructura mayor. “El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, afirmó Milei. “Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande”.

El presidente también declaró que su gobierno avanzará para identificar a todos los involucrados en la supuesta red. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, señaló. El mensaje cerró con su consigna política habitual: “Viva la libertad carajo”.

¿Qué reveló la investigación sobre la operación internacional?

La publicación presidencial se conoció después de que una investigación basada en la filtración de un informe de inteligencia ruso señalara la existencia de una campaña coordinada para influir en la opinión pública argentina. Según ese trabajo, atribuido a un grupo denominado “La Compañía”, se habrían financiado más de 250 artículos en al menos 23 medios digitales locales, con una inversión estimada en unos 283 mil dólares.

El objetivo habría sido cuestionar la política exterior del gobierno argentino, especialmente su alineamiento con Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. El informe también menciona la participación de cuentas en redes sociales —entre influencers y portales digitales— destinadas a amplificar contenidos críticos contra la gestión nacional.

¿Cómo respondieron las autoridades argentinas?

La Secretaría de Inteligencia del Estado confirmó la existencia de la campaña y aseguró que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025. Según el organismo, la estructura tenía como finalidad “difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros”, además de consolidar redes de influencia dentro del país.

La investigación periodística que destapó estos hechos reveló pagos a medios y cuentas digitales para instalar contenidos críticos contra la administración libertaria. Esto generó una reacción inmediata del gobierno, que ahora promete acciones legales contra los responsables.